Por disposición del Tribunal de Casación bonaerense, unos 800 presos en riesgo de contagio por coronavirus pasaron a ser beneficiados con arresto domiciliario. La medida alcanza a procesados y condenados por delitos leves con más de 65 años, embarazadas o con enfermedades pulmonares graves.
La resolución recibió el visto bueno de todos los jueces de Casación de la Provincia y lleva la firma del vicepresidente del Tribunal, Víctor Violini, quien fue el mismo juez que ordenó al Ministerio de Justicia que habilite el ingreso de celulares para que los internos puedan comunicarse con sus familiares, a través de líneas autorizadas.
Se trata de un hábeas corpus colectivo, que fue presentado en principio por la defensora general de Mar del Plata, Cecilia Boeri, al que luego se adhirieron los 17 departamentos judiciales que trabajan en Buenos Aires.
De acuerdo al fallo que compartió Clarín, se manifiesta "la gravísima situación de las personas privadas de la libertad, por la superpoblación en los centros de detención", por lo que "a los efectos de contener la pandemia, deben instrumentar medidas alternativas a la prisión o reexaminando las prisiones preventivas ya decretadas, dando prioridad a las personas en situación de riesgo".
En ese sentido, cabe destacar que el sistema penitenciario provincial tiene una superpoblación del 120 por ciento.
A su vez, la nueva resolución indica que "deberá disponerse la prohibición de nuevos ingresos al sistema de personas que estén comprendidas en las situaciones de riesgo".
A partir de una lista confeccionada por el el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y por el ministerio de Seguridad, ya hay casi 500 personas con enfermedades graves como tuberculosis, EPOC y otras pulmonares; unos 150 tienen más de 65 años, y hay 40 mujeres embarazadas o con niños dentro de los presidios.
