El Gobierno nacional publicó este miércoles por la mañana en el Boletín Oficial una actualización del protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) pero, por la tarde, sectores del oficialismo aseguraron que preveían derogar el decreto, abriendo una grieta en Juntos por el Cambio.
La actualización autorizaba a las adolescentes menores de 15 años a realizarse una interrupción del embarazo en hospitales públicos si pone en riesgo su vida o salud.
El protocolo había sido actualizado por última vez en 2015, pero solo figuraba publicado en la página de la Secretaría de Salud. Su publicación fue promovida por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, pero desde el ministerio de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley aseguraron que pensaban derogarlo ya que no habían sido consultados previamente.
Qué proponía la actualización
El texto establece los procedimientos para recibir a una mujer embarazada en el sistema de salud. En caso de definir -mediante una entrevista médica- que el embarazo genera un riesgo para la salud física o mental, o si fuera producto de violación, explica qué tipo de tratamiento se le debía dar según el grado de avance.
Para embarazos de menos de 12 semanas, serían abortos medicamentosos y ambulatorios. De más de 12 semanas, se evaluaría el aborto con misoprostol hospitalario. También se podría combinar con otros métodos de intervención médica, hasta la semana 24.
La actualización establece que los médicos no pueden demorar más de 10 días en realizar la ILE.
Los cambios jurídicos del protocolo
Su actualización y publicación en el Boletín Oficial le brinda estatus de norma jurídica a nivel nacional, ya que hasta ahora no había una resolución oficial, según explicó Clarín. Además, incorpora el concepto de "autonomía progresiva" que considera que a partir de los 13 años se pueden tomar decisiones, según el nuevo Código Civil, modificado en 2015.
Edades
El texto establece que "en las situaciones de embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida". El concepto de "riesgo" no se refiere a un daño presente, sino su posible ocurrencia. Y justifica que "los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en las niñas y adolescentes más jóvenes".
Las adolescentes de entre 13 y 16 años "pueden consentir en forma autónoma la ILE, a menos que deba utilizarse para la práctica un procedimiento que implique un riesgo grave para la salud o la vida de la adolescente".
Para casos de menores de 13 años, el texto consideraba el embarazo como producto de una violación.
