Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, celebró el informe de la ONU que visibiliza cerca de 7.000 ejecuciones en el último año y medio en ese país, y responsabiliza a las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro por la mayoría de ellas.
Para él, el informe confirma "todas las denuncias que hemos realizado durante años". "Agradecí sus mensajes y sobre todo el compromiso de maximizar la presión internacional para enfrentar esta tragedia. Ahora, para derrotar la dictadura debemos aumentar la presión nacional", dijo Guaidó, y aprovechó para volver a convocar a marchar este viernes en contra de la "dictadura sanguinaria" del presidente chavista y en rechazo a las torturas que, asegura, sufren los "presos políticos".
El informe, publicado el jueves por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, habla de las 7.000 muertes y detalla otras situaciones de falta de derechos humanos en Venezuela.
Tras su visita al país entre el 19 y el 21 de junio, Bachelet resaltó que "grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".
La alta responsable de la ONU pidió en sus conclusiones disolver las Fuerzas Especiales (FAES) de la Policía Nacional venezolana, a las que achaca la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", registradas en 2018 y otras 1.569 entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019.
Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio gobierno venezolano, precisó a la AFP una portavoz, Ravina Shamdasani. "Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes", detalló.
Sin embargo, "otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores", había resaltado Bachelet. Además, dijo, hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.
Por su lado, el gobierno venezolano replicó señalando que "son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles".
Sobre la severa crisis económica que atraviesa el país, agravada por un embargo petrolero y sanciones financieras de Estados Unidos para tratar de deponer a Maduro, dice el informe que "el Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas".
Pero la administración de Maduro respondió que el ACNUDH "presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en Venezuela.
"El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas 'por motivos políticos'. Esta recomendación resulta inaplicable", pues "no existen personas detenidas por tal condición", añadió Caracas.
La situación es "compleja", admitió Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis y con damnificados.
Además de la disolución de las FAES y los "colectivos", Bachelet recomienda crear "un mecanismo nacional imparcial e independiente" para investigar las ejecuciones extrajudiciales, y pide al gobierno publicar regularmente datos exhaustivos sobre la salud y el acceso a agua y alimentos de la población venezolana.
Según una veintena de testimonios recogidos por la ONU, las FAES allanan domicilios, separan a jóvenes de sus familias y los ejecutan a sangre fría.
A Naciones Unidas le preocupa que las autoridades puedan usar a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para "infundir miedo" y "mantener el control social", según el texto.
El informe recordó que Bachelet ha pedido la creación de una oficina permanente en Venezuela.
Para el gobierno venezolano, el documento "nada dice (...) sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales ilegal e ilegítimamente impuestas al país", en referencia a sanciones de Estados Unidos.
