Este miércoles, desde las 10 de la mañana, comenzó un plenario de comisiones del Senado para debatir el proyecto de ley enviado el lunes por el Poder Ejecutivo, que fija parámetros objetivos para la toma de decisiones y medidas por parte de los Estados nacionales y provinciales durante la pandemia de coronavirus.
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La prisa marcará el ritmo de la discusión: el Gobierno nacional quiere que esta ley entre en vigencia del 21 de mayo, cuando vence el último DNU presidencial referido a las restricciones sanitarias. El Frente de Todos espera obtener sin sobresaltos la media sanción en el Senado. Las dudas aparecen en la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio anunció su rechazo.
Ayer, el jefe del bloque oficialista, el senador por Formosa, José Mayans, dijo que informó sobre la convocatoria del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud. Se espera la presencia virtual de Vilma Ibarra, como autora de la letra del proyecto en su condición de titular de Legal y Técnica de la Presidencia, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien expondrá los argumentos sanitarios del proyecto.
El senador Mayans dijo que el proyecto “está basado en los criterios que han tenido otros países, como es Alemania”, donde una ley establece parámetros y criterios objetivos que gatillan restricciones y medidas sanitarias de acuerdo a los niveles de contagios o de urgencia sanitaria.
El proyecto de ley que regula medidas sanitarias
El proyecto fija parámetros para definir si la situación epidemiológica es de “bajo”, “mediano” o “alto riesgo” o, directamente, de “alarma epidemiológica sanitaria”.
La iniciativa propone que del debate legislativo, surjan parámetros objetivos, como una tasa de incidencia de contagios (cantidad de casos cada cien mil habitantes) para determinar qué tipo de restricciones de aplican de acuerdo a la variación de la situación epidemiológica.
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En las zonas de “alto” riesgo o de “alarma”, el Gobierno nacional puede adoptar medidas previstas en la ley, consultando previamente a los gobernadores o jefe de Gobierno porteño. Las medidas, dice el proyecto, se revisan cada 21 días.
En el Senado esperan votar la media sanción la semana próxima para girar de inmediato el expediente a Diputados. Ya empezaron los conteos del oficialismo para arrimar las voluntades necesarias para convertir en ley la iniciativa enviada por la Casa Rosada. El FdT necesita 129 votos para habilitar la discusión en el recinto y solo tiene 119. Deberá encontrar en el conglomerado de bloques opositores chicos los votos para alcanzar el quorum.
Juntos por el Cambio llamó a rechazar el proyecto
El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio llamó al resto de los bloques a rechazar el proyecto.
Mario Negri, como jefe del bloque de la alianza opositora, ya expresó su opinión en las redes sociales. “Los gobernadores no son delegados del Gobierno, como pretende decir el proyecto del Ejecutivo”, argumentó el diputado radical.
Otro radical, el mendocino Luis Petri, también opinó: “El proyecto supone un brutal avance sobre el federalismo, desconociendo el fallo de la Corte”, dijo Petri.
También diputado por Mendoza, integrante del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, invitó a su par: “Debatamos, unifiquemos los criterios sanitarios y pongámosle un tope de tiempo (a las restricciones y medidas)”, propuso. Su interbloque podría aportar seis votos al quorum.
También hará valer su peso el “Interbloque Federal”. Este espacio reúne a 11 diputados de cinco bloques pequeños. Tres de ellos están en el lavagnista Consenso Federal.
Alejandro “Topo” Rodríguez adelantó a este medio el rechazo al proyecto oficialista: “Si insisten y logran aprobarla, esa ley será inconstitucional. El gobierno nacional está extirpando facultades que son propias de las provincias. Eso no es constitucional”, afirmó el diputado de Consenso Federal.
Al “Interbloque Federal” los integran también los cuatro diputados del gobernador Schiaretti. Todavía no hicieron pública su posición.
El proyecto es la respuesta del Gobierno nacional a la controversia con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto a la suspensión de la escolaridad presencial dictada por decreto. La Corte Suprema de Justicia dijo en un fallo que el Poder Ejecutivo había violado la autonomía de la CABA.
Por la corresponsalía de Buenos Aires.
