Tras la batalla perdida ante la Ciudad, por el fallo de la Corte que respaldó la decisión del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de mantener la presencialidad en las escuelas, Alberto Fernández apura el texto del proyecto de ley con el que buscará que el Congreso garantice su potestad de imponer futuras restricciones.

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Según consigna Clarín, Fernández tiene intenciones de enviar el proyecto al Congreso esta misma semana. La idea del presidente, dijeron fuentes a ese medio, es avanzar “lo más rápido posible” con el tratamiento, anticipándose al 21 de mayo, cuando vence el actual DNU y habrá que renovar las medidas.

Sin embargo, en la Casa Rosada saben que los tiempos del Congreso son complejos. “Si no llegamos quedará para el siguiente (DNU), pero lo importante es entrar a los peores meses con reglas claras. Por la pandemia, pero también por la campaña”, dijo un funcionario cercano a Fernández.

Juntos. Santiago Cafiero y Alberto Fernández (La Voz/Archivo).

Una vez en manos del Legislativo, en el Senado será relativamente simple que avance, ya que Cristina Kirchner cuenta con una mayoría holgada. Mientras tanto, en Diputados, Sergio Massa deberá negociar con la oposición para lograr la aprobación.

Por eso, uno de los puntos claves es buscar apoyo de los gobernadores. Así, quienes trabajan puliendo el texto —el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro— ya están recibiendo consultas de los mandatarios provinciales para conocer el alcance del proyecto, consigna Clarín. Y es que, en un año electoral, todos están calculando el riesgo político de la movida.

No son “superpoderes”

“El proyecto va a tener parámetros objetivos, que es algo que la oposición siempre le pidió al Ejecutivo. Son parámetros que están en el DNU y que siempre estuvieron, pero la oposición no suele leer las cosas”, dijo con ironía un colaborador presidencial.

Se trata de “un proyecto para que, en función de criterios científicos claros y precisos, se faculte al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones durante esta situación excepcional”, dijo el propio Alberto, quien rechaza el mote de “superpoderes” adoptado por la oposición y los medios.

Qué dirá el proyecto

La Corte Suprema ya expresó que es necesario establecer parámetros sanitarios concretos para la toma de decisiones, y justificar adecuadamente cada una de las restricciones. Por eso, la idea del Gobierno es que el proyecto se estructure de una forma similar al último DNU, con una suerte de semáforo epidemiológico.

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Los criterios que se considerarán serán: los contagios durante los últimos 14 días, la incidencia sobre la población y la ocupación de las camas de terapia intensiva. En base a eso habrá cuatro categorías (bajo, medio, alto riesgo y alarma epidemiológica).

Pero el punto clave es habilitar al Presidente a imponer las restricciones. Y para ese punto se apoyan en el fallo de los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que de una manera sutil dejaron ver que, si la decisión hubiera estado mejor argumentada desde lo científico, podrían haberle dado la razón a la Nación en la disputa por las clases presenciales.

Lo de la Corte es un guiño para que desde la política y con criterios sanitarios se fijen pautas. Y es lo que vamos a hacer”, dijeron a Clarín en Balcarce 50.

“El fallo incorpora el concepto de concurrencia: dice que hace falta un acto concurrente, o sea, un consenso. Y recientemente eso acaba de ocurrir porque hoy (por este martes) se acordó por mayoría en el Consejo Federal de Educación los parámetros necesarios”, sumaron.