Tierra del Fuego: allanan la Casa de Gobierno por presunta falsificación de documento público

Gendarmería Nacional, bajo orden judicial, llevó a cabo el procedimiento. La medida responde a una investigación en curso.

Tierra del Fuego: allanan la Casa de Gobierno por presunta falsificación de documento público
Tierra del Fuego

Este jueves, efectivos del Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, bajo orden del Juzgado de Instrucción N°1 del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego, a cargo del Dr. Sergio Alberto Pepe, allanaron el área de Despacho de la Secretaría General, Legal y Técnica del gobierno provincial, dirigida por el abogado José Capdevila. La medida responde a una investigación en curso sobre el presunto delito de “falsificación de instrumento público”.

Durante el procedimiento, se incautaron elementos tecnológicos y documentación que podrían ser clave para determinar la fecha exacta de impresión del Decreto Provincial N° 1656/24, con el cual el gobernador Gustavo Melella convocó a elecciones de Convencionales Constituyentes. El objetivo central es verificar si el decreto, publicado el 30 de julio, fue realmente impreso el 25 de julio, o si se hizo posteriormente al 29 de julio, cuando se cumplieron los 210 días establecidos en el artículo 4º de la Ley N° 1529/23.

El allanamiento se relaciona con la reciente suspensión del proceso electoral ordenada por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que en fallo unánime decidió frenar la implementación de la reforma constitucional impulsada por Melella. Esta decisión responde a una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad presentada por el legislador Jorge Lechman, de Somos Fueguinos, que también incluyó una medida cautelar para detener la reforma hasta que se resuelva su constitucionalidad.

El sitio web de noticias SelknamSur, que dio la primicia del allanamiento, destacó que esta intervención judicial, inédita en la historia reciente de la provincia, podría tener repercusiones para el futuro político del gobierno de Melella. Los resultados de la investigación podrían no solo invalidar el decreto en cuestión, sino también abrir un debate sobre la transparencia y legalidad en la gestión de los asuntos públicos.

Fuente: Informante