La obra, conocida como "Corredor Costero", se propone unir la capital fueguina con el sector oriental de la isla a través de 132 kilómetros, para generar nuevos circuitos turísticos y productivos, aunque el proyecto es cuestionado por su impacto ambiental y arqueológico, ya que la traza atraviesa antiguos asentamientos yámanas, primitivos habitantes de la zona costera del Beagle. Un juez de Ushuaia se la denegó y generó críticas tanto del funcionario como de entidades ambientalistas.
La actual gobernadora, Rosana Bertone, impulsó la iniciativa valuada inicialmente en unos 1.700 millones de pesos y adjudicada a la empresa Luis Felipe Gancedo, mientras Melella, que en una primera instancia había ratificado su continuidad, ahora acudió a la Justicia buscando su paralización.
El juez Civil y Comercial 1 de Ushuaia, Sebastián Osado Viruel, rechazó el pedido que formulado por el mandatario electo, su compañera de fórmula, Mónica Urquiza, y dos diputados provinciales, con el argumento de que no se habían acompañado pruebas para "acreditar la existencia de un daño actual o inminente al medio ambiente o al patrimonio cultural".
Además, Osado Viruel convocó a los demandantes y a un técnico ambiental de la empresa contratista a una audiencia, que se realizará mañana en tribunales.
La decisión judicial disparó críticas de varios sectores: el propio Melella la tildó de "desacertada" y se refirió, sin nombrarlos, a "algunos jueces que fallan de acuerdo con otros intereses y circunstancias".
Por su parte, la asociación ambientalista local "Mane 'Kenk" acusó directamente al juez de cobrar dinero "de la actual gestión gubernamental o de la empresa contratista de la obra".
"Una vez más el juez Osado Viruel rechazó una medida cautelar pidiendo que se paralice la obra del Corredor Beagle. No le importa el patrimonio natural ni cultural. No entiende nada de lo que es el principio precautorio que establece la ley general del ambiente", aseguró la Organización No Gubernamental (ONG) en su cuenta de Facebook.
