El Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad sellaron un convenio específico donde acordaron, entre otros temas, la entrega de vehículos recuperados del delito para que sean usados por la policía provincial. Además, las instituciones coordinaron la realización de una Mesa de Enlace sobre Política Criminal.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en el edificio de avenida Sarmiento 431 con la presencia del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, el ministro de seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, junto a funcionarios de ambos sectores.
“Tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Fiscal persiguen combatir el delito, por eso, hoy hemos suscripto un convenio de colaboración recíproca para que trabajemos juntos en muchos aspectos que son comunes y que van a garantizar una tarea más eficaz. Hoy es un día de unidad entre el poder judicial, el MPF y las fuerzas de seguridad para una labor conjunta”, aseguró Jiménez.
La formación de este espacio interinstitucional busca establecer ejes de articulación entre los diferentes actores construyendo modalidades de abordaje integrales en materia de seguridad, debido a las funciones vinculadas de ambas instituciones en materia de delito. Asimismo, el acuerdo celebrado plantea la posibilidad de convocar a otros actores relevantes en la materia y la elaboración de su propio reglamento (que determinará la organización, la comunicación y la periodicidad de las reuniones).
“Es un convenio de trabajo para coordinar, por ejemplo, la entrega de vehículos, operativos y materias de investigación. Se busca ampliar el beneficio en cuanto a los datos que aporta el MPF con lo que tiene la policía. Los vehículos están en perfecto estado y se los esta acondicionando para ser puestos en la calle, a través del trabajo conjunto con el MPF. Además vamos a reforzar temas como la violencia de género, impulsando las pulseras electrónicas y controles para combatir esta problemática”, comentó Agüero Gamboa.
El objetivo de la Mesa de Enlace es la creación de políticas públicas, proyectos de leyes, reglamentaciones y la generación de recomendaciones que permitan fortalecer la Política Criminal, articulando acciones concretas entre el MPF y el Ministerio de Seguridad. Se establecen como funciones necesarias: generar planes estratégicos y proponer medidas concretas.
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