Amnistía Internacional (AI) junto a otras organizaciones realizó un pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán para que brinde datos sobre "las violencias institucionales sufridas por "'Lucía'", nombre con que se identifica a la niña violada que fue sometida a una cesárea para cumplir con un aborto no punible.
La solicitud incluyó información "de las violencias sufridas por la niña tanto en su condición de paciente del Sistema Provincial de Salud, como en su condición de víctima dentro del Ministerio Público".
AI, junto a Católicas por el Derecho a Decidir, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y Mujeres por Mujeres, recordó las recomendaciones que en junio de 2018 realizó el Comité de los Derechos del Niño al Estado argentino.
En esa oportunidad se pidió al Estado que "garantice el acceso de las adolescentes a servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto, asegurándose de que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta en el proceso de decisión".
En este caso, "sin embargo, se expresa de forma inocultable la violación de derechos de la niña y devela que su bienestar no fue lo que guió la atención de su salud integral", resaltaron las ONG's.
"Declaraciones públicas de funcionarios y magistrados de Tucumán evidencian que tanto desde el sector de la salud, como desde el sector judicial se violaron en este caso la confidencialidad, la intimidad, el derecho a un trato digno, el respeto por la autonomía y el derecho a vivir libre de violencias", añadieron.
Señalaron que "al haber tenido como agentes de la misma a funcionarios/as del Estado, se configura un supuesto de violencia institucional inaceptable censurado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L", agregaron.
En el pedido conjunto, instaron "a respetar los estándares vigentes y garantizar a cada niña el desarrollo humano, la igualdad y la libertad para construir un futuro al margen de toda maternidad forzada".
