El decreto cumple con dos fallos del máximo órgano judicial de la provincia, sobre el trámite contencioso administrativo y sobre la ejecución de la sentencia, sentencias que en ambos casos fueron favorables a la demandante.
La iniciativa resultó aprobada por el voto de la mayoría de los legisladores. De esta manera, queda resuelta una controversia que podía derivar en un conflicto institucional aún mayor, en caso de que el Gobierno se negara a cumplir con una sentencia dictada por el más alto tribunal de justicia provincial.
Al respecto, la legisladora Myriam Martínez destacó que "se trata de una orden judicial que obligaba a la provincia a su cumplimiento. No se trata de un fallo ambiguo, ni que deje lugar a dudas sobre lo que ordena. La actitud responsable del Poder Legislativo es una muestra de la seguridad jurídica que impera en nuestra provincia, con la debida separación de cada uno de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial".
