La millonaria estafa a la Anses a partir del otorgamiento de pensiones truchas que se le daban a personas que figuraban casados con jubilados muertos, sigue sumando capítulos y el juez federal Guillermo Molinari fue quien se encargó de indagar a los últimos cuatros detenidos: Daniel Ingratta, Azucena Álvarez, Selva Saavedra y Ramiro Herrera.
"Todos expresaron su voluntad de declarar y algunos reconocieron la cuestionada documentación, mientras que otros negaron las firmas", explicó el magistrado, agregando que estas personas tenían acceso al sistema para otorgar las pensiones, según figura en la investigación.
"Todavía se espera resolver la situación procesal de los primeros detenidos de la causa y vamos a tratar de ver hasta dónde podemos llegar con los elementos y pruebas reunidos y ver en este caso, a quiénes se les atribuye menor o mayor responsabilidad de defraudación al organismo nacional, además de resguardar los intereses del Estado en base a los bienes y disponibilidad que haya de los mismos, con respecto a los posibles embargos que se puedan efectuar una vez que se resuelva la situación", agregó el juez.
Por último, Molinari hizo foco en la situación de los últimos detenidos. "Se deberá analizar si cabe o no la figura de asociación ilícita. Igualmente, tenemos que evaluar todo, y la situación individual de los detenidos, porque tuvieron distinta función en el organismo", explicó en declaraciones a El Liberal.
Esta megaestafa trajo como perjuicio económico más de 20 millones de pesos para el organismo, aunque todavía se sigue investigando y la cifra podría ascender.