La Corte Suprema provincial recibió este martes una presentación del Gobierno de Santa Fe sobre la denuncia contra el juez Rodolfo Mingarini. Ante la posible apertura de un proceso para su destitución, advierten que incurrió en una “extensible violación del marco normativo convencional y constitucional”.
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El escrito lleva la firma la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena, e incluye diferentes consideraciones legales sobre el caso. El epicentro del conflicto es la decisión del magistrado de haber rechazado la prisión preventiva de un imputado por violación tras observar que el sospechoso había usado preservativo.
El documento hace alusión a los mitos en torno a la violencia sexual y su influencia en el tratamiento penal de esos hechos. En particular se señala que uno de ellos “construye los límites del consentimiento de una manera perversa, ya que un hombre siempre podría presumir la disposición sexual de una mujer, incluso cuando ella aparente lo contrario”.
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“La influencia de patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso”, advierten desde la cartera provincial.
El Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad señaló que un problema recurrente es la “inacción de fiscales, policías y jueces” ante denuncias de este tipo de delitos. Como uno de los factores indican la “asunción tácita de responsabilidad” de la persona agredida, “ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el acusado”.
