Pasada una semana desde que internaron a una niña violada que pidió un aborto en Santa Fe, el Gobierno provincial anunció este lunes una denuncia penal sobre la acción de Grávida. Se trata de la organización que fue a buscar a la víctima y a su madre a Garibaldi cuando solicitaron la interrupción legal del embarazo (ILE) y el procedimiento se postergó.
El Ejecutivo planteó que integrantes de la asociación civil “obstaculizaron el acompañamiento estatal” de la nena de 12 años. Según diferentes testimonios y reportes sobre esa intervención, estas personas “impidieron el ejercicio efectivo de los derechos” de la menor de edad.
“La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre”, reza el informe que preparó el Gobierno de Santa Fe. La documentación del caso quedará a disposición de la unidad fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), la misma que imputó al padre por abuso triplemente calificado.
Luego de la breve desaparición de la mujer y su hija, ambas fueron atendidas en el Hospital Iturraspe. Desde entonces no se confirmó si los médicos practicaron el aborto tal como lo habían pedido ambas cuando se confirmó el embarazo en el segundo trimestre de gestación. Fuentes oficiales aclararon que difundir esa información “sería revictimizante” para la nena y su familia.
Por lo pronto, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad recopiló los informes de su trabajo junto al de la cartera de Salud y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En este sentido, remarcaron que el “eje central” de su acción fue dar a conocer las opciones legales que tenían la menor de edad y su madre a partir de la violación.
¿Qué hizo Grávida tras la denuncia del embarazo de una niña por violación en Santa Fe?
La denuncia del Gobierno provincial apunta contra la Asociación Civil Amigos de Grávida Santa Fe. La organización cuenta con personería otorgada a través de la Resolución 45/2015 de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).
“Lo nuestro no es convencer, lo nuestro es estar”, respondió la fundación cuando confirmó que se contactó con la niña y su madre en el departamento Castellanos. Por el contrario, el Ejecutivo afirma que esta ONG “se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado de manera explícita” y así actuó para impedir la ILE.
A partir de este informe, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) deberá definir si se abre la investigación penal preparatoria (IPP) sobre posibles delitos cometidos por Grávida. Mientras tanto, el mismo organismo judicial ya consiguió la prisión preventiva del padre de la nena por abuso sexual con acceso carnal calificado.
