Tras el accidente fatal de Monticas, Diputados dio media sanción a la ley de transporte

El proyecto les da 12 meses a los actuales prestatarios para adecuarse a la norma y establece un monitoreo de las tarifas.

Tras el accidente fatal de Monticas, Diputados dio media sanción a la ley de transporte
Diputados dio media sanción a la ley de transporte

La tragedia de Monticas visibilizó la precariedad del sistema de transporte en la provincia, motivo por el cual se comenzó a trabajar en la Legislatura para trazar lineamientos que garanticen la seguridad y mejoren el servicio.

En este marco, se presentaron cuatro proyectos, de los senadores Rubén Pirola y Julio Eggimann, del entonces diputado Roy López Molina y un mensaje del Poder Ejecutivo, que confluyó en un único dictamen que llegó este jueves al recinto. Este fue aprobado con 31 votos a favor, ocho abstenciones (del interbloque Cambiemos) y cuatro votos en contra, de los legisladores de Igualdad y Participación y del Frente Social y Popular.

"Este es un servicio público que atraviesa a toda la ciudadanía y requiere integralidad, ser sustentable y contar con una regulación del Estado muy estricta porque trasladan a millones de personas", dijo Clara García.  "La concesión es uno de los puntos más importantes ya que los pliegos contarán con plazos y con una inversión que consideramos necesaria. La compra de unidades y el mantenimiento es otro de los puntos allí expresados", expresó.

Los pliegos de concesión tendrán una vigencia de 10 años y se establece que a partir de que el gobernador firme el decreto reglamentario de la ley las empresas que actualmente están brindando servicios tendrán 12 meses para adecuarse a las nuevas exigencias que plantea la norma. Una vez cumplido ese plazo deberán superar una serie de auditorías para garantizar el cumplimiento de los requisitos.

Se armarán paquetes de corredores a licitar donde se buscará un equilibrio y que cada oferta contenga rutas con mucha demanda de pasajes junto a otras con menos atractivo para los privados. También se propone una fórmula para definir la tarifa de los servicios y que eso esté monitoreado por las universidades públicas y un consejo consultivo que crea la propia ley.