El juez sanrafaelino Pedro Llorente, actual integrante de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, integra el lote de más de 200 magistrados y fiscales de todo el país que fue intimado por ANSES para que concrete los trámites de jubilación.
El supremo de 79 años recibió el emplazamiento del organismo que preside Fernanda Raverta a nivel nacional, en el que se deja de manifiesto que si siguen trabajando, se caerán los trámites realizados hasta el momento y deberán hacerlos nuevamente pero tendrán menos beneficios.
“En los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia”, se lee en la intimación que recibió Llorente al igual que el resto de los jueces y fiscales.
La acción de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) despertó la polémica por parte del sector judicial y también de partidos de la oposición.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, avalados por la Asociación de Magistrados de Mendoza, cuya presidenta es Silvina Furlotti, expresaron por medio de un comunicado su “honda preocupación”, y aseguraron que dichos actos “constituyen una clara afectación a la independencia judicial, desconociendo la garantía de la inamovilidad de los jueces establecida como base del sistema republicano”.
“La división de los poderes del Estado y la autonomía de los Poderes Judiciales provinciales son condiciones fundamentales en un régimen democrático para que la ciudadanía pueda confiar en que sus conflictos serán resueltos en el marco de un Estado de Derecho”, marcaron.
Este texto fue publicado originalmente por Los Andes. Se reproduce aquí con la autorización correspondiente.
