Como primer acto del flamante gobernador de San Luis, Claudio Poggi decretó intervenir a Universidad de la Punta con la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo COAR y prohibir la libre circulación mientras se requería documentos de identidad. Irónicamente, esto sucedió el mismo 10 de diciembre, día de los derechos humanos y 40 años de democracia en Argentina.
Este lunes, según informó María Eugenia Catalfamo, quien hasta menos de 24 horas rectora de la Universidad de La Punta, trabajadores y trabajadoras de la universidad no pudieron entrara cumplir sus funciones.
“Los móviles estaban dentro de la universidad, en el rectorado, solicitando documentación a cada una de las personas que quisieran pasar por el portón”, señalo a Tiempo Argentino.
No obstante, según expresó, quienes sí pudieron pasar fueron los nombrados como interventores por el gobernador.
“Solo podían entrar otras personas que fueron a tomar la universidad, a establecer una intervención de la cual nosotros no fuimos notificados como corresponde, a tomar el poder de una casa de estudios que tiene 20 años de vigencia”, advirtió.
Denunciaron a Poggi por “amedrentamiento y abuso de poder”
Tras esto, el vicerrector de la Universidad de La Punta (ULP), Marcelo Amitrano, confirmó la presentación de una denuncia en la Justicia contra el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, y su actual ministra de Seguridad, Nancy Sosa, “por amedrentamiento y abuso de poder” sucedidos durante la intervención a la casa de estudios provincial. Asimismo, que durante este lunes se presentará una acción de amparo.
A los que tenemos memoria sabemos que ver uniformados en la institución educativa no ha sido bueno nunca, no se empieza por ahí, hay una intencionalidad de mandar un mensaje, de amedrentar, apretar y tratar de marcar una posición por la fuerza”, aseguró Amitrano
El directivo confirmó que presentaron denuncia ante la Fiscalía en contra del gobernador y la ministra de Seguridad ya que “los efectivos allí presentes manifestaron de ellos recibieron la orden de tomar esa medida”, expresó.
Catalfamo, por su parte, alertó sobre el grave precedente que podría significar para las universidades del país, que podrían verse intervenidas por sus poderes ejecutivos.
“No hay hecho nuevo que amerite una situación de emergencia y aunque lo fuera, hay herramientas más democráticas y pacificas como las sesiones extraordinarias para que el Senado se expida”, agregó Amitrano.
“Se está avanzando sobre otra cosa: es perseguir a un rector por lo que piensa, no por cuestionamientos a lo que gestiona, perseguir por el espacio político en que milita”, concluyó.
Qué dice el decreto
En la medida se cuestiona la designación de Catalfamo como “irregular”, porque al momento de ser nombrada ocupaba una banca en el Senado de la Nación.
Asimismo, considera que no cumple con tres requisitos para estar al frente de la casa de estudios.
“No fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto”.
Por lo que se dispuso la intervención por seis meses y dejó sin efecto la designación de María Eugenia Catalfamo.
Tras esta medida, se designó a Luis Guillermo Quintas como interventor, a María Eugenia Vergés Secretaria General y Marcelo Genaro Neme Secretario Legal y Técnico. Sin embargo como Quintas afronta problemas personales, Vergés “quedará a cargo de la casa de estudios hasta que el interventor normalice su situación”, se indicó.
