Marcos Cianchino denunció que le usurparon el cargo

Marcos Cianchino, presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de San Luis, denunció penalmente a las vocales poncistas Alejandra Martín y Erica Méndez por los supuestos delitos de usurpación de cargo y desobediencia a una medida judicial. 

"Me destituyeron (como presidente) el 23 de enero en plena feria administrativa, Presenté un amparo con una medida cautelar. El juez Civil 1 medio la cautelar por lo cual me reinstalaron en el cargo. La Dra. Martín desconoció la medida cautelar y se atribuía las funciones de presidente, de hecho, firmó órdenes de pago, hizo imputaciones preventivas sobre los expedientes, lo cual no me quedó otra que formular la denuncia penal", explicó Cianchino a la prensa.

Según informó La Gaceta Digital la pelea entre Cianchino con Martín y Méndez viene desde hace meses. Inició a fines del mes pasado, cuando las vocales relevaron del cargo del contador alegando abandono de funciones. El episodio se generó por un robo en las oficinas del Tribunal e incluso la polémica entre los miembros llegaron al Concejo Deliberante donde se lanzaron acusaciones ante los ediles.

Con respecto a la demanda Cianchino reveló que Martín y Méndez contrataron abogados para que las defiendan en el amparo pagados con fondos del Tribunal de Cuentas. Uno de los letrados es el ex esposo de Martín, según Cianchino, los honorarios de los abogados de las vocales son por $110.000.

Mirá también: Denunciaron a un integrante del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de San Luis

"Cuando hice la medida cautelar busqué un abogado privado que solventé yo en forma particular y también soy miembro del Tribunal. Ellas pretenden defenderse con abogados que eran familiares a los cuales les pagan $110.000 de honorarios. Consulté con tres abogados cuánto se cobra un amparo y uno me dijo 35, otro 45, otro 55. Los 110.000 implican que hay un sobreprecio y hay una administración fraudulenta en la administración de los recursos del Estado", acusó el presidente.

También consideró que no es ético ni moral que se paguen los abogados con fondos públicos para defender una decisión ilegal de desplazarlo de la presidencia. "Me quieren desplazar de la presidencia y obstaculizan constantemente por el temor de que voy a encontrar los expedientes y voy a encontrar alguna irregularidad", concluyó Cianchino.