Un fallo reciente de la Justicia de San Juan avaló al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la quita de una casa a un adjudicatario incumplidor que debía varias cuotas y que le había entregado la casa a una persona distinta de su familia. Por este motivo, el organismo había iniciado una investigación interna contra el adjudicatario original y hasta le hizo un juicio de desalojo al actual morador, quien acudió a la Justicia pero le rechazaron su demanda.
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El hombre, identificado como Enrique Molinero, no pagó las cuotas de la casa que había obtenido a través de un sorteo del IPV y, como si fuera poco, se la cedió a otra persona. La normativa vigente castiga ambas conductas, por eso, la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, la rechazó la demanda al hombre y avaló al IPV.
Según publicó Diario de Cuyo citando fuentes judiciales, son alrededor de 15 las causas que entablaron disputas entre el oragnismo y los particulares en los últimos años. En ese total, hubo acuerdo entre conciliaciones, juicio en trámites, procesos sin impulsos de las partes y en tres oportunidades hubo rechazo a demandas que apuntaban a revertir las desadjudicaciones.
Según Marcelo Yornet, director del organismo, “el tema de revocación de viviendas es permanente, debido a las irregularidades que cometen los adjudicatarios. Los expedientes iniciados y en curso actualmente son 200. De ellos, 70 ya están a punto de pasar a Fiscalía de Estado para seguir el proceso y ejecutar la revocación. La mayoría de estos casos es por falta de pago”.
Molinero consiguió una casa en el Barrio Parque Rivadavia Norte a través del sorteo del IPV en 1990. Nunca la ocupó y se la cedió a Joaquín Jordá, a la vez que acumuló deudas por falta de pago de cuotas que superan las tres permitidas. En 1993, Jordá se la cedió a Reemberto Mazza, quien habitó el hogar con su familia. Si bien algunos dicen que las cesiones fueron gratuitas, el mismo Mazza sostuvo que le compró la casa a Jordá.
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Para la jueza Tettamanti, “la norma es contundente: no es posible transferir ni ceder bajo ningún título una vivienda adjudicada, hasta tanto no haya sido cancelada”. Luego, hubo un sinfín de idas y vueltas. El hombre que incurrió en las faltas afirmó que tuvo que alejarse de la provincia por “razones de salud”, aunque nunca avisó al IPV, mientras que en 2008 inició un juicio de desalojo para sacar a Mazza y su familia, quienes sí hicieron planteos en el organismo para regularizar el estado de la vivienda.
