El Aporte Solidario y Extraordinario aprobado en el Congreso Nacional, más conocido como impuesto a la riqueza, alcanza a 20 mil personas en todo el país, de las cuales 300 son de San Juan. Entre los “sanjuaninos”, hay dos empresarios que hicieron su presentación en la Justicia Federal local para reclamar en contra el pago. Según publicó Tiempo de San Juan, se trata de Darío Javier Ronsenzbit y Carlos García Pareja, quienes efectuaron acciones meramente declarativas por inconstitucionalidad de la norma dictada.
Darío Javier Ronsenzbit es gerente general de IVISA, empresa que en San Juan imprime los documentos de la quiniela y también dispone de la concesión de los casinos. De hecho, esta compañía construyó el hotel cinco estrellas Del Bono Park y también inició la construcción de otro hotel de lujo en pleno centro. IVISA es un gigante del sector del juego que opera en varias provincias, como Mendoza, Chaco, Tucumán y Jujuy. Sin embargo, en San Juan se convirtió en el principal inversor del rubro hotelero debido a que en esta provincia alcanzó un mayor grado de desarrollo. El otro empresario es Carlos García Pareja, un bodeguero caucetero de los más importantes de la provincia en el rubro del vino, principal comprador de uvas en el mercado local.
Cabe destacar que el impuesto abarca a las personas con un patrimonio superior a los 200 millones de pesos y en una única vez. Este 31 de marzo es la fecha límite para pagarlo, aunque se puede financiar con una modalidad que tiene plazo hasta el 28 de abril. En San Juan hay alrededor de 300 personas que deberán pagarlo, y el nivel porcentual de presentaciones judiciales es, por el momento, bajo.
Quienes eligieron el camino del litigio prefirieron “patear la pelota” para más adelante cuando se agoten los plazos judiciales si es que no aparece una sentencia superior, pudiendo ocurrir una variación del tipo de cambio que no ayude. Las dos presentaciones hechas por los empresarios de San Juan no serán las únicas, ya que se está preparando otra con diferentes particularidades.
La primera es colectiva y comprende a cinco personas relacionadas con el rubro de la construcción en San Juan. La segunda, que no reclamará inconstitucionalidad sino una presunta doble imposición, dando a entender que lo que se está poniendo al cobro por AFIP ya fue tributado en Ganancias.
