Pidieron a Bonadio la detención de un político sanjuanino

Se trata de Jorge Mayolal, ex ministro de Minería. Es por una causa de sobreprecios.

Pidieron a Bonadio la detención de un político sanjuanino
Jorge Mayoral

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la detención e indagatoria de varios ex funcionarios kirchneristas, entre los que aparece el sanjuanino Jorge Mayoral, ex ministro de Minería de la Nación. De acuerdo a lo que publicó Clarín, la solicitud fue presentada ante el juez Claudio Bonadio por una causa de sobreprecios en la Usina de Río Turbio, una promesa energética de la ex presidenta Cristina Kirchner. La medida judicial también involucra a otros políticos K: Julio De Vido, Roberto Baratta, el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, el empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Ernesto Maxit, Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros.

A pesar de que Bonadio sobreseyó a los acusados, la Cámara porteña dio lugar al pedido de apertura que pidió la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez. El magistrado ya ordenó iniciar una investigación para determinar si hubo o no sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.

De acuerdo al informe pericial que entregó el fiscal Marijuan, se fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán: "La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982".

El fiscal solicitó la indagatoria y prisión preventiva de Mayoral junto al resto de los ex funcionarios, alegando que hubo "ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación". Además señaló que existen "riesgos procesales" y que ante "las características de los hechos y el perjuicio provocado al erario público" resulta "procedente el encarcelamiento de las personas y el llamado a indagatoria".