La fiscal Verónica Simesen de Bielke manifestó el viernes por Aries que en el parte de prensa emitido por el juez federal, Julio Leonardo Bavio, respecto de la causa “Arcadio”, habría “algo que no sé leer políticamente”.
El comentario decepciona. En todo caso, lo que no es fácil “leer” es por qué una fiscal contesta con argumentos políticos. Por ejemplo, sugiriendo relaciones entre Bavio y el diputado nacional Martín Grande, o comentando su extrañeza de que la causa se haya iniciado cuando este diputado nacional “competía contra el actual gobernador” en elecciones.
Lo que dijo el juez Bavio es, en resumen, que desde al menos el 26 de agosto de 2020, cuando Casación rechazó los recursos extraordinarios, hay en el tema de la competencia sentencia suficiente para avanzar, porque las quejas deducidas no suspenden su cumplimiento. Indicó, incluso, que se podría haber avanzado un año antes de eso, si el juez provincial planteaba el correspondiente conflicto de competencia. En ese caso, según Bavio, la causa hubiera seguido radicada en su propio juzgado mientras resolvía la Corte Suprema.
Sea cual sea la opinión que se tenga sobre la declaración de incompetencia parcial de Bavio –el fiscal federal lo discutió hasta Casación y más allá, estimando que con ella se atomizaba y debilitaba la causa– lo que indica el Juez en su parte de prensa es que la discusión sobre el punto no tenía por qué paralizar dos años la investigación.
Eso es lo que tenía que contestar la fiscal, si es que quería contestar. Explicar si es cierto que se pudo avanzar y no se avanzó. O explicar por qué no se podía avanzar. O cómo se avanzó, si es que se avanzó.
En realidad sí hay una lectura política posible. Pero no tiene que hacerla la Fiscal, sino el gobernador, Gustavo Sáenz.
Un juez federal ha sentido la necesidad de aclarar públicamente que una causa como ésta no avanza desde hace dos años (o un año al menos) por inactividad de los jueces y el ministerio público provincial. Es muy grave. ¿Qué dice el gobernador?
Entiéndase bien: el gobernador no debe inmiscuirse en la actuación de la Justicia, pero sí debe demostrar que le interesa que un caso como éste se dilucide, como representante de una de las supuestas víctimas, que es la Provincia.
No es un caso cualquiera. Gustavo Sáenz era Intendente al momento de la comisión de los supuestos delitos. Algunos de los imputados eran funcionarios designados por él. ¿La Municipalidad realizó las correspondientes denuncias? ¿Colaboró activamente con la investigación? Ahora es gobernador, y los supuestos delitos también afectan a la Provincia. ¿Ha instruido a alguien para instar la causa? ¿Ha colaborado la Provincia con la investigación?
Los ciudadanos necesitamos menos lecturas y más respuestas.
