La defensora oficial civil 1 de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz, acusada de retener y vender donaciones para los comunidades nativas del norte salteño, sumó una nueva imputación. El fiscal penal Pablo Cabot la acusó por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por irregularidades detectadas en 29 casos que esperaban ser tramitados por ella. Su hermana, la concejal Paola Díaz, también está involucrada en el hecho aunque no fue destituida del Concejo Deliberante.
Por otro lado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia declaró admisible los dos jurys contra de la defensora y la suspendió de su cargo mientras se sustancia este trámite, con una retención del 30% de sus haberes. Díaz ya se encuentra suspendida en su cargo, por decisión de la Defensoría General, que le inició un sumario administrativo ni bien se conoció la denuncia.
Paola Díaz y Rosa Díaz fueron denunciadas por su hermana mayor, quien acudió a la Policía para contar que la Concejal y la Defensora Oficial de Tartagal tenían mercadería y vestimenta donadas con destino a comunidades originarias de la zona que las hermanas acumuladas en una casa familiar. Por orden del juez Nelsón Aramayo, efectivos policiales ingresaron a la vivienda el 8 de febrero y encontraron el cargamento, que luego quedó a disposición de la Justicia con intenciones de luego entregárselos a los verdaderos destinatarios, los pueblos wichís.
