“Sé que no cometí ningún delito”, sentenció el exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, quien a partir del 24 de junio enfrentará un juicio acusado de ser cómplice del multimillonario robo de caños del Gasoducto NEA. También juzgarán a otros 9 imputados, entre exfuncionarios y empresarios.
Prado aseguró que es uno de los más interesados en que se realice el juicio para, según sus palabras, se sepa lo que en verdad sucedió. Adelantó a El Tribuno que en la audiencia explicará por qué firmó la resolución autorizando el retiro de los caños NEA. “La resolución que lleva mi firma habla de un pasivo ambiental. Los que hablan y no saben confunden pasivo con daño ambiental, que son cosas diferentes. Como intendente y si tengo conocimiento de un pasivo ambiental, y según lo establecen las leyes vigentes, tengo la obligación de desprenderme de ese pasivo y eso sucede en Argentina, en Bolivia y en muchos otros países donde la legislación es la misma”, explicó.
Aseguró, además, que como intendente jamás dispuso de algo que no fuera de él, y que cuando revisaron su cuenta bancaria, la de su papá y la de hermano no encontraron más que el dinero que los tres ganan por sus respectivos trabajos. También agregó que los caños estaban el mal estado. “Para este tipo de instalaciones se requieren unos estándares determinados de calidad, porque por ahí pasará gas a alta presión y los caños no alcanzaban esos estándares; pero todo quedará clarificado durante el juicio”, finalizó.
