El municipio salteño de Tartagal se convirtió en el escenario de un grave escándalo cuando una mujer denunció a sus hermanas, ambas con cargos públicos, de vender los bolsones de alimentos y ropa donados a las comunidades wichís del norte de la provincia. Las denunciadas son la concejal del oficialismo, Paola Díaz, y la funcionaria del Ministerio Público Fiscal, Rosa Díaz.
Según el testimonio de la denunciante, Sandra Díaz, sus hermanas se aprovechaban de sus cargos para conseguir las donaciones de los distintos gobiernos y de organizaciones nacionales e internacionales sin fines de lucro, que deberían ser destinadas a los pueblos más vulnerables del norte salteño. Las acusó de vender las donaciones en los comercios y negocios de Villa Saavedra y de utilizarlas también para las campañas políticas.
El escándalo se desató cuando Paola y Rosa increparon a Sandra. Finalmente, y entre forcejeos, los medios que cubrían el conflicto entraron a una propiedad privada de Villa Saavedra y constataron que efectivamente había un depósito de alimentos y ropa. Algunos periodistas lograron tomar imágenes del lugar pero la denuncia derivó en agresiones y llantos hasta que intervino la Policía para calmar a las hermanas.
No es la primera vez que trasciende un hecho de estas características. Días atrás denunciaron que caciques de comunidades originarias vendían a $200 los bolsones solitarios, que son de distribución gratuita, a la gente de los pueblos.
