Hace un tiempo que en el Concejo Deliberante se cuestiona el convenio firmado entre la Municipalidad de Salta y la Policía de Seguridad Vial que se encuentra en vigencia desde el año pasado, y es que según la edil Sandra Vargas, este documento es incumplido por las fuerzas de seguridad, ya que "avasalla la autonomía municipal y el único damnificado termina siendo el vecino".
“La Policía Vial cobra el acarreo y la estadía de vehículos creando una tasa nueva que no es legal”, expresó la dirigente radical y agregó: “Los vehículos de los infractores deben ser trasladados a los canchones municipales y no a los de la Policía o a las comisarías”.
Así mismo, y en relación con esta denuncia, Vargas anunció que solicitará pedidos de informe por el incumplimiento del convenio, y agregó que demandará que Ricardo Villada, actual Secretario de Gobierno, explique por qué está sucediendo esto.
Por último, la edil recalcó que la importancia del convenio yacía en la necesidad de cooperar entre los organismos para disminuir la tasa de accidentes fatales en las calles de la ciudad, y aseguró que este objetivo no se está cumpliendo, “considero que el doble control no sirve para bajar el índice de accidentes y solo permite que surja un nuevo organismos recaudador”, finalizó.
