Los alumnos de la Universidad Católica de Salta presentaron en la justicia un amparo colectivo en respuesta a los aumentos excesivos impuestos por la insititución.
Ivana Crescini, representante de los estudiantes y referente de la Asociación Civil Usiarios y Consumidores Unidos informó que se trata de una violación de los derechos de los estudiantes, quienes deberían haber sido informados en un plazo de al menos 60 días.
La ley expresa que la universidad debe utilizar los medios de comunicación habituales en el ámbito institucional para comunicar el aumento, lo que no ocurrió. Crescini, agregó: "esto los condiciona a la hora de acomodar sus finanzas y tomar decisiones, además de las dificultades que representaría a cualquiera cambiar de institución".
A causa del aumento, tan sólo el 2% de los 40 mil estudiantes podrán regularizar su ciclo gracias a su poder adquisitivo. Tras la presentación formal, Amadeo Longarte, el titular de la Sala II del Tribunal de Juicio determinará las medidas procesales a seguir.
Las autoridades de la UCASal propusieron entregar más becas, pero los estudiantes no aceptaron esto como solución ya que los requisitos para aplicar a ellas también crean un gran filtro para la mayoría de los jóvenes. Estos reclamos se suman a lo hechos en diciembre del año pasado.
