Siete personas, entre civiles y policías, fueron imputadas este jueves en Rosario como miembros de una asociación ilícita dedicada desde hace dos años a la usurpación y venta fraudulenta de inmuebles, y que quedó al descubierto tras una balacera en la que hirieron a una niña.
El sindicado como jefe de la organización, un falso corredor inmobiliario llamado Miguel Ángel Herrera, permanece prófugo, y entre los imputados con prisión preventiva hay un abogado acusado de otorgar apariencia de legalidad a las transacciones ilícitas.
A la vez, tres policías del Departamento Operativo de Investigaciones Especiales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron imputados por presuntas extorsiones a los miembros de la banda a cambio de 200 mil pesos para no investigarlos. Según la pesquisa de los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébola, la banda inició su actividad al menos en diciembre de 2018.
“Dicha organización detectaba inmuebles usurpados o usurpables para luego ocuparlos con personas de esta estructura y falsificar los instrumentos públicos o privados para simular su legitimidad en las posesiones de hecho y así comercializarlos, ofreciendo dichos inmuebles para la venta por diversos canales”, detalló el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre el modus operandi.
Las casas que usurpaban para luego vender eran ofrecidas en redes sociales como la página de Facebook denominada “Cirujeando”. La investigación se inició el 10 de septiembre del año pasado luego de una balacera al frente de una vivienda de Fraga al 700 bis en la que resultó herida una niña de 8 años.
Sus padres declararon ante la Policía que habían adquirido la casa a un hombre llamado Miguel Ángel, y que habían pagado 1,4 millón de pesos por la vivienda, que estaba usurpada. Los investigadores siguieron esa huella y se encontraron con una decena de casos similares y los mismos actores: Herrera como corredor inmobiliario “sin título habilitante- y el abogado Pedro Juan Chía, en cuyo estudio ubicado frente al edificio de Tribunales de Rosario se firmaban los papeles, detallaron voceros del caso.
Chía fue acusado de “haber formado parte de una organización dedicada a la realización de hechos de amenazas, usurpaciones, falsificación de documentos públicos y privados y estafas” en seis casos. Por su parte, Maximiliano García, otro de los imputados, “tenía el rol de detectar las casas y usurparlas” para luego ofrecérselas a Herrera, “quien las ponía a la venta”, de acuerdo a la acusación.
En medio de esa investigación, los fiscales descubrieron que tres policías de la AIC, Sergio Bustamente, Alberto Rodríguez y Víctor Maldonado, que intervinieron en el caso de la balacera al frente de la vivienda, les pasaban datos de la investigación a los cabecillas de la banda y le habían pedido 200 mil pesos para continuar con esa operatoria.
Los tres fueron imputados por incumplimientos de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica en instrumento público, violación de secreto oficial y extorsión, precisaron las fuentes. Otros dos miembros civiles de la organización fueron imputados pero quedaron en libertad, al ser señalados por una participación menor en la asociación.
