Tras el ataque al centro de salud del Distrito Sudoeste de Rosario esta mañana, que se suma a una ola de balaceras a edificios y ataques armados con víctimas fatales durante las últimas semanas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta expresó la problemática de la ciudad desde su punto de vista; haciendo especial énfasis en que la policía perdió el control en algunos territorios en disputa.
“Parecía que habíamos tocado fondo y seguimos cada vez más buscado una mayor profundidad. Me da la impresión de que nadie puede mirar para otro lado”, expuso el magistrado, que pidió “no naturalizar lo que está pasando en Rosario”. En ese sentido, enfatizó que lo que sucede en la ciudad “interpela a la política y a los tres poderes del Estado”.
Para Erbetta, hay problemas en los tres grandes actores involucrados en la seguridad provincial: la policía, el Ministerio Público Fiscal y la Penitenciaría. En cada uno de ellos, la situación es más o menos grave, pero el énfasis está puesto en la “autonomización” de la policía y las fallas en el control penitenciario. Para ejemplificarlo, recordó aquellos episodios violentos comandados desde las cárceles y que fueron desde extorsiones hasta crímenes cometidos por sicarios.
¿Qué dijo Erbetta sobre el gobierno de la policía?
En este contexto, Erbetta cree que la provincia de Santa Fe necesita de “una reforma policial, revisar los reglamentos del sistema penitenciario, fortalecer el Ministerio Público Fiscal y esto demanda la intervención del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y fundamentalmente de la Legislatura de la provincia”.
En ese marco, sostuvo que a la policía “la debe gobernar la política” y remarcó que hay jefes policiales y agentes condenados y procesados por gerenciar conjuntamente con delincuentes los negociados ilícitos que generan la violencia en las calles.
Y agregó: “El proceso de autonomización de la policía no es nuevo. Se inicia varios años atrás. Porque de lo contrario no podrían pasar las cosas que pasan. Tampoco tener los niveles de integrantes de la fuerza sometidos a proceso penal o condenados. No es común”. Según el magistrado, revertir el proceso demanda un compromiso político, judicial y legislativo más allá de las campañas electorales, que se ponga al hombro la reforma del sistema policial.
