Se entregaron los dos empresarios buscados por una estafa inmobiliaria en Santa Fe

Fernando Font Saravia y Rodrigo Gómez Barinaga, empresarios santafesinos acusados de un multimillonario fraude inmobiliario con el country Aires del Llano, se entregaron voluntariamente a la Justicia.

En las primeras horas de la tarde del lunes, ambos se presentaron ante la fiscal del Ministerio Público de Acusación (MPA), Carolina Parodi, acompañados por su abogado defensor, Néstor Oroño.

Ambas personas fijaron domicilio real y legal, motivo por el cual la letrada dispuso dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas la semana pasada a los efectos de su comparendo.

Parodi aclaró que "la citación a estos dos empresarios tiene su origen en una denuncia presentada ante el MPA a fines del año pasado para que se investigue un supuesto fraude en la administración fiduciaria del country Aires del Llano".

La funcionaria del MPA precisó que “si bien las dos personas que comparecieron ante la Fiscalía podrían estar involucradas en una presunta maniobra fraudulenta, aun faltan elementos verosímiles para definir si es posible promover la acción penal”.

En tal sentido, advirtió que “podría no tratarse de una defraudación, y sí de un caso civil por incumplimiento del objeto de los contratos de fideicomiso inmobiliario y de garantía dentro de los plazos estipulados, con sus consecuencias legales contractuales”.

La fiscal también manifestó que “no es cierto que existan irregularidades en los contratos en su aspecto formal, ni en la situación registral de su inscripción”, y precisó que “los empresarios no son fiduciarios a título personal, sino inversores fideicomitentes, los que los habilitaría legalmente a ser beneficiarios adjudicatarios”.

Por último, Parodi dijo que hay una cuestión previa a la investigación penal, que es la rendición de cuentas sobre el patrimonio de afectación. "Ya fue requerida al abogado defensor, porque es imprescindible conocerla", indicó la fiscal. "Sin embargo –concluyó–, aun no se acreditó esta información. Una vez que se cumplimente, podría descartarse la promoción de la acción penal".

Según denunció el abogado de uno de los damnificados, la estafa podría afectar a más de 700 personas y llegar a los 40 millones de dólares.

El country está bajo sospecha desde hace varios años por una serie de irregularidades entre las que se cuentan la ausencia de rendición de cuentas, la contratación de servicios con sobreprecios y una demora pronunciada en la entrega de los lotes.