La jueza Mónica Lamperti que entiende en la causa de la estafas inmobiliarias que tiene a once imputados y nueve detenidos, aceptó durante una audiencia celebrada este miércoles que la Provincia actúe como querellante en el expediente.
La definición de la aceptación de la querella se había iniciado el pasado viernes pero la magistrada había dictaminado un cuarto intermedio y las deliberaciones se retomaron este miércoles.
La decisión del Ejecutivo santafesino de incorporarse como actor dentro de la investigación penal del fraude radica en el aparente vínculo existente entre algunos de los detenidos y empleados del Registra de la Propiedad de Rosario para ingresar en la repartición documentación adulterada.
A partir de ahora representando al gobierno será el procurador general de la provincia, Juan Carlos Carbone, quien siga el día a día del expediente.