Tras la modificación de las leyes que dan forma al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y al Ministerio Público de la Defensa Penal, que ahora posibilitan que los legisladores de Santa Fe puedan elegir a la totalidad de los funcionarios de ambas instituciones, los fiscales de todo le país se pronunciaron con un duro repudio.
El mensaje fue transmitirdo por los Consejos de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina y de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y demuestra "preocupación por la sanción por parte de la Legislatura, de un modo al menos sorpresivo, de una nueva manera de remoción de los miembros del Ministerio Público".
La votación del último jueves, modificó las leyes que crearon tanto el MPA (Ley 13.014) como el Ministerio Público de la Defensa Penal (Ley 13.013), donde los diputados y senadores provinciales tenían potestad para designar y remover a las cabezas de ambos organismos.
A partir del cambio de cinco artículos y ahora los integrantes de ambos ministerio públicos, tanto titulares como adjuntos pueden ser elegidos y removidos por los legisladores, como se venía haciendo con el fiscal general o el defensor general.
"El sistema que se intenta poner en vigencia coloca a los miembros del Ministerio Público en una situación de inestabilidad y precariedad en cuanto a su objetividad técnica-funcional con capacidad tal de aniquilar la independencia de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley", se quejaron los fiscales.
Ambos concejos de política criminal solicitaron que se revea la resolución de la Legislatura. "Peticionar al Poder Político santafecino que se provea lo conducente para rediscutir –en verdad discutir- formulas o sistemas de remoción que concilien todos los aspectos que hacen al instituto", expresaron.
El comunicado completo:
