Megaestafa: definen constitución de querellantes

La megacausa por fraude inmobiliario suma este viernes un nuevo capítulo, con dos audiencias para constituir querellantes, por un lado la jueza Mónica Lamperti evaluaba la posibilidad de que el gobierno provincial forme parte activa del proceso. Antes del mediodía además, la magistrada tenía que decidir si incluía como querellante a Juan Marcelo Borghi, uno de los socios de Gilli Inmobiliaria quien aparentemente adquirió "de buena fe" uno de los campos involucrados en la maniobra de compra-venta ilegal.

Con la presencia del procurador general de la provincia, Juan Carlos Carbone, se inició la audiencia que inicialmente estaba pautada para el viernes 11 de noviembre y que tiene por objetivo determinar si el Ejecutivo santafesino puede estar incluido en el día a día del proceso a partir del aparente vínculo existente entre algunos de los detenidos y empleados del Registro de la Propiedad de Rosario para ingresar en la repartición documentación adulterada.

La intención de constituir al gobierno provincial como querellante había sido anunciada por Miguel Lifschitz a los pocos días de conocida la investigación que llevó dos años y tiene a nueve detenidos.

La novedad alrededor del expediente es el pedido de Juan Marcelo Borghi para integrarse como querellante. Se trata del empresario que en nombre de la inmobiliaria Gilli fue el último adquirente del campo de Villa Amelia cuya legítima dueña es Ana Josefina Luppi y que le fue quitado mediante maniobras espurias.

Borghi oportunamente fue indagado por la fiscalía quien determinó que compró la propiedad de buena fe, pagando alrededor de un millón 600 mil dólares con el objetivo de realizar un loteo. Antes, y en un pasamano entre algunos de los imputados pagando cifras irrisorias para lo que cuesta en el mercado un establecimiento rural de 124 hectáreas como el de Villa Amelia.