El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este lunes que investigan a 120 participantes en fiestas ilegales en Rosario. El registro corresponde al total de aprehensiones de los últimos dos fines de semana a partir del trabajo articulado con la Municipalidad y la policía para evitar reuniones que violen el distanciamiento social, preventivo y obligatorio por el nuevo coronavirus.
El titular de la unidad fiscal especializada COVID-19, Gustavo Ponce Asahad, señaló que todas las personas involucradas "recuperaron la libertad porque no contaban con antecedentes penales, pero afrontan los cargos por la violación" de la normativa sanitaria vinculada a la pandemia.
Respecto de los últimos encuentros clandestinos, el funcionario judicial informó que sólo identificaron a un menor de edad en el procedimiento que se llevó a cabo sobre Santa Fe al 3100 el último domingo a la madrugada. Dado que 15 asistentes son de Brasil, también adelantó que notificarán al consulado honorario de ese país por la causa en trámite. "En el caso de que tengan una condena, es posible que el Estado argentino solicite la deportación", advirtió.
En cuanto al proceso posterior, el representante del MPA aclaró que en la investigación pueden "distinguir quién es el organizador o anfitrión, pero todos afrontan los mismos cargos".
Respecto de la metodología consensuada para evitar reuniones ilegales en vísperas del Día del Amigo, Ponce Asahad explicó que están en contacto con "autoridades de todos los niveles a raíz de las denuncias de los mismos ciudadanos cuando advierten gran aglomeración de personas". A partir de allí pueden ordenar la intervención policial y luego proceder con las audiencias imputativas correspondientes. Las penas correspondientes según el artículo 205 del Código Penal van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.
