El tan mentado final feliz de la demanda de colectiveras rosarinas se sigue dilatando. Este lunes la Justicia provincial decidió multar a Movi por no incorporar a las conductoras a las que benefició previamente un amparo que obligaba a la empresa a contratarlas a jornada completa.
Aunque la firma controlada por la Municipalidad fue notificada hace dos semanas sobre la medida, ninguna de las cuatro mujeres involucradas fue convocada para ponerse al volante. La abogada Romina Perea decidió reclamar nuevamente en el fuero laboral e incluso apuntó que tres de ellas ya se sometieron al examen preocupacional correspondiente, pero nunca recibieron el llamado.
A partir de la presentación en Tribunales, la jueza Paula Calace Vigo hizo lugar al pedido para que la compañía le pague a las choferes por el incumplimiento. La magistrada accedió a otorgarle a cada una el equivalente al monto bruto diario que le corresponde a un conductor guarda, la categoría con la que deben ser registradas. Dicho sanción se hará efectiva desde el 5 de septiembre hasta la fecha en que la empresa resuelva el conflicto.
A la hora de analizar la situación, Perea insistió en que Movi tiene "una clara intencionalidad de no cumplir la orden judicial emanada" del amparo que presentó en beneficio de Natalia Munafó, María Álvarez, Alejandra Avendaño y Silvia Moreno. A estas se suman otras tres colectiveras que iniciaron una demanda en los mismos términos y esperan respuesta al respecto.
Fotografía: Andrés Macera.
