El hermano de Esteban Alvarado fue imputado y quedó en prisión preventiva. Así lo dispuso la jueza de Primera Instancia María Melania Carrara.
Gustavo R. se había entregado por sus propios medios al verse acorralado, según la versión de la Fiscalía. Al momento de su detención no llevaba consigo celular ni elemento que le permitieran a la pesquisa obtener información que lo vinculara con la causa por la cual se lo investiga.
Los fiscales de la Unidad Fiscal de Gravedad Institucional acusaron formalmente al hombre de ser integrante de una asociación ilícita, cuya jefatura le fue adjudicada a Alvarado, que se dedicaba a cometer delitos.
La actividad criminal se habría desarrollado, al menos, entre el 7 de septiembre de 2018 y el 29 de abril de 2019 y al imputado se lo acusó de quedar al mando de la misma desde febrero cuando su hermano fue detenido.
De la imputación se desprendió que la organización criminal "repartía sus tareas entre personas que conforman tres estamentos diferenciados", el primero de ellos integrado por quienes procuraban los medios materiales para la comisión de crímenes violentos y ejecutaban delitos contra la propiedad.
Los mismos proveían armas y vehículos a la organización, contactaban y retribuían económicamente a los delincuentes a cargo de ejecutar los delitos, llevaban a cabo tareas de seguimiento e identificación, e intimidaban a personas para obtener algún tipo de beneficio.
El segundo de los estamentos está constituido por un grupo que en cumplimiento de sus órdenes llevaban a cabo hechos ilícitos y delictivos tendientes a dotar de impunidad a los crímenes violentos ejecutados por los integrantes de la organización.
Esa tarea era cumplida con el aporte de profesionales, personal policial y otras personas que tuvieron en miras desviar las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Entre las tareas realizadas se encuentra la de brindar información falsa a los investigadores de la Fiscalía, aportar información reservada de las investigaciones en curso al jefe de la organización, omitir llevar a cabo tareas propias de su función en relación a la localización y detención de Alvarado y simular operativos policiales para incorporar información falsa a las investigaciones.
Finalmente un tercer grupo se encargaba bajo las directivas de Gustavo R. de gestionar un entramado de empresas comerciales y unipersonales que le permitían ocultarse tras el amparo que brindan las estructuras societarias.
Esas empresas eran: Toia SRL; Edra SRL; Logística Santino SRL; Logística TSC SRL; Sagrado Corazón de María SRL y unipersonales. A través de ellas se proveía de bienes muebles, inmuebles y servicios a toda la estructura criminal.
La jueza Carrara tuvo por formalizada la imputativa por parte de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. El fiscal se opuso a que sea alojado en San Lorenzo porque sugirió que en la Unidad Regional XVII habría policías que integrarían la asociación ilícita.
