Se aguardaba este viernes que fueran liberadas las últimas seis personas detenidas, de un total de catorce que fueron imputadas por tenencia de arma, pero que inicialmente habían sido aprehendidas bajo sospecha de haber participado de balaceras al Poder Judicial, ya que las pericias balísticas determinaron que ninguna de las armas fueron utilizadas en los atentados.
Las armas en cuestión fueron 24, secuestradas en 35 allanamientos realizados por la Policía Federal el 2 de mayo, acción que demandó incluso la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que dijo en su momento que de los 34 detenidos tras las irrupciones "19 de ellas estaban involucradas directamente en la asociación ilícita de los tiroteos".
Lo cierto es que con los resultados del peritaje sobre la mesa, el fiscal provincial Matías Edery no pudo vincular el armamento con los detenidos a quienes no obstante imputó por tenencia de armas.
Según publicó La Capital, la mayoría de los imputados aseguraron además en las audiencias —algunos rompiendo en llanto— que las armas les fueron plantadas. Lo mismo afirmó en reunión en la Fiscalía el referente nacional de la Comunidad Qom Alfredo Angel, dado que varios de los imputados son de la colectividad Toba.
El operativo del 2 de mayo fue objetado por funcionarios santafesinos, que incluso llegaron a sospechar del uso proselitista de la acción encabezada por Bullrich un día después de las elecciones primarias provinciales.
