Se trata del proyecto impulsado por Matias Mazu, Rocìo García, Guillermo Bilardo, Eloy Echazu y Martin Chavez para declarar la «Emergencia Pública en materia Hidrocarburifera, en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, hasta tanto el precio internacional (PI) del petróleo crudo determinado llegue a 52 dólares conforme Resolución N° 1077/2014 del Ministerio de Economía de la Nación».
La misma tendrá en eje velar por «el cumplimiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, y respecto de las medidas de protección del empleo y convocar al Consejo Provincial Hidrocarburífero, creado por Ley N° 3.535, a que se constituya en Estado de Comisión Permanente, y en el marco de esta Emergencia, realice todas las gestiones necesarias para sostener el empleo, promoviendo acuerdo con las empresas concesionarias, de servicios y con los sindicatos que nuclean a los trabajadores del sector, en los que se determine la absoluta prohibición de realizar despidos o imponer acuerdos colectivos o individuales que impliquen una reducción de los salarios de convenio, hasta tanto dure la emergencia declarada».
Por otro lado «al Poder Ejecutivo Provincial que realice la inmediata convocatoria del Consejo Provincial Hidrocarburífero; e incorpore en su representación prevista, dispuesta por Decreto N° 525/2018, al Señor Ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, y como representante de la Provincia de Santa Cruz ante la empresa YPF S.A..
Asimismo solicitamos que se incluya en la convocatoria a un representante de los sindicatos de los trabajadores de base y jerárquicos, solicitando «a las demás instituciones y sectores que integran el Consejo Provincial Hidrocarburífero, que realicen las designaciones de sus respectivos representantes, comunicándola al Poder Ejecutivo Provincial con antelación a la fecha en que sea convocada la reunión solicitada en el artículo anterior».
«Entendemos que ante la complejidad del contexto que se presente para la actividad y el que se puede avizorar por un tiempo que esperemos no sea demasiado prolongado, están dadas las condiciones mínimas de validez constitucional que deben de reunir las medidas de emergencia – como las que aquí se pretende adoptar- en tanto se nos presenta una efectiva situación compleja, y con ella el propósito de protección de interés social y público, utilizando una razonable regulación durante un plazo proporcional a la vigencia de los problemas que se pretenden mitigar» indica el proyecto que se tratará mañana entre los argumentos.
