La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial avanza con el concurso para designar a las nuevas autoridades del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura y Malos Tratos de la provincia.
Luego de evaluar las inscripciones que se realizaron al efecto de cubrir los cargos como autoridades en el Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, la comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo admitió la inscripción de 42 candidatos, en tanto que rechazó dos por extemporáneas.
En el encuentro de los legisladores que integran la comisión, las diputadas Gladis Cristaldo y Alicia Digiuni rubricaron el acta de cierre en la que detallan los postulantes que podrán formar parte del Comité a través de la renovación de autoridades, conforme a la ley 3264 B.
De este modo se abre una nueva etapa del proceso, de acuerdo al cronograma de actividades aprobado Resolución 552/2020, en la que desde el 15 y hasta el 28 de enero del 2021 se recibirán observaciones, apoyo y/o impugnaciones de dichos postulantes, las que deberán ser remitidas al correo oficial comisionderechoshumanoschaco@gmail.com
Así durante diez días hábiles, ciudadanos en general, organismos de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, colegios y asociaciones profesionales, entidades académicas de la provincia podrán presentar ante la Comisión de Derechos Humanos observaciones, apoyos y/o impugnaciones a las postulaciones, las que deberán realizarse por escrito, de manera fundada y documentada y se correrá traslado a la persona postulante por tres (3) días quienes podrán manifestar lo que estimen conveniente.
Funciones del Comité
El Comité fue creado en 2009 con la sanción de la Ley 1798. B, (antes ley 6483) nuestro fin es prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes.
Es una entidad pública, autárquica y autónoma, abocada a la lucha por una sociedad sin tortura ni malos tratos. El Comité tiene como objetivo fortalecer la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que se encuentren privadas de su libertad, velando por el mejoramiento de sus condiciones de detención.
Cada gestión, tiene como tarea reforzar la protección de las personas privadas de su libertad contra todo tipo de trato o penas prohibidas por la legislación vigente, tanto provincial, nacional e internacional.