En el marco de violencia policial sucedidos en la localidad chaqueña de Fontana que se dieron a conocer el martes, se confirmó que los policías involucrados en los hechos se encuentran suspendidos de sus cargos. En el caso interviene el Órgano de Control Institucional de la Policía y la Fiscalía.
La madrugada del domingo, varios policías de uniforme y de civil, derribaron a patadas la puerta de una casa familiar ubicada en el barrio Bandera Argentina y después de agredir a culatazos y patadas a hombres, mujeres y niños, arrastraron a cuatro jóvenes a la comisaría.
Una vez en la comisaría, los encerraron en un cuarto oscuro, los golpearon, les rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderlos fuego. Incluso los amenazaron de muerte, según contó por radio Daniel Rolón, dirigente de la comunidad qom. Su relato avaló la denuncia de varias organizaciones de Derechos Humanos del Chaco.
La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, aseguró: "Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia".
Si bien Jorge Capitanich se llamó a silencio por los hechos sucedidos en la provincia que dirige, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco, Nayla Bosch, publicó en sus redes sociales que por decisión del gobernador la querella del caso será la Secretaría de Derechos Humanos.
Tras la viralización de los repudiables hechos, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció este miércoles que se dispondrá una línea específica de asistencia alimentaria y social para comunidades indígenas, tras reconocer que el Estado tiene "una deuda histórica" en esta materia y expresar su repudio a la violencia policial ejercida contra integrantes de un comunidad qom de Chaco.
