La Asociación Civil “Florentina” presentó este lunes, ante la Comisión de Acuerdos, una nota en donde impugna la candidatura de Carlos Vottero a Fiscal Regional de Rafaela.
El nombre de Vottero fue el elegido por Omar Perotti, luego de que el de Orlando Toniolo (el primer candidato a ser el reemplazante de Diego Vigo) fuera ampliamente rechazado por la Asamblea Legislativa la semana pasada. Y el 11 de mayo próximo se volverán a reunir senadores y diputados para saber qué pasará. Además, se tratará el pliego de Martín Gabriel Riccardi como Defensor Regional de Rosario.
Hasta el 8 se recibirán las impugnaciones. Y el 10, será la entrevista personal. Si no hay quórum, volverá a convocarse la Asamblea para el 18 u sino, el 20 se aprobará de manera ficta, es decir, de hecho.
La nota, presentada a la diputada Leonela Catalini, está titulada “La Justicia es para las víctimas o la impunidad nos pone en riesgo a todas”. Es el mismo título que había tenido el comunicado en donde planteaba “intentos de incidencia de grupos conservadores en las acciones de la Justicia” y remarcaba que “se está intentando presionar al Poder Judicial para que descrea de las víctimas y favorezca a acusados”.
Para impugnar a Vottero toman el caso “Pilar”: se trata de la investigación de una violación grupal -mal llamada “en manada”- realizada por 11 adultos y un menor de edad, ocurrida en esa localidad del departamento Las Colonias, en 2018. Por el caso, hay 10 personas detenidas, uno vive en el exterior y el último, tiene pedido de captura internacional.
“Creemos que este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso; proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores. En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social. Entendemos que desde que el fiscal asumió no ha generado las condiciones necesarias para establecer contacto con la víctima, es más, las veces que fue citada a declarar la menor no fue notificada fehacientemente por la Fiscalía”, sentencia Soledad Comini Borda, la presidenta de Florentina, que firma la nota.
“También queremos destacar que la extrema vulnerabilidad económica, social y familiar que vive la víctima requiere de esfuerzos efectivos por parte de la Justicia para asegurar el debido proceso, en pos de que pueda movilizarse para declarar y entender todo el proceso en el que participa como víctima, justamente por haberse vulnerado sus derechos y haber padecido vejaciones a su cuerpo e intimidad inimaginables. En reiteradas oportunidades la víctima quiso establecer contacto con el fiscal y por eso, desde esta Asociación garantizamos los pasajes para que pudiera viajar, lo cual no hizo la Fiscalía, que se los negó aduciendo desconocimiento, a pesar de que cuenta con una larga trayectoria en garantizar los traslados de las víctimas que así lo requieren. Asimismo, el acompañamiento psicológico también es aportado por esta Asociación en forma remota, ya que por sus permanentes mudanzas, producto de las amenazas recibidas y su vulnerabilidad, la menor no aceptaba el apoyo psicológico ofrecido por la anterior fiscal”, agregó.
Otro de los puntos objetados, fue la demora para el inicio del juicio, que debía comenzar en diciembre pasado hasta el 3 de abril. “Curiosamente en esa fecha el Fiscal solicitó suspenderlo nuevamente. No entendemos esta actitud, y necesitamos entender por qué el representante del Ministerio Público Provincial elige demorar el inicio del juicio, cuando esta situación desalienta y deja en el desamparo a la víctima L. Después de conocer este nuevo aplazamiento del juicio L. nos comentó en Casa Florentina “me cansa sostener esto, necesito poder decir mi verdad y seguir con mi vida”, dicen.
“Reiteramos creemos que este fiscal no garantizó los derechos de la víctima al prolongar su dolor y dilatar el comienzo del proceso, proceso que puede traer una reparación a L. y a toda la sociedad que se vio conmocionada ante este hecho terrible y que exige un rápido castigo a sus abusadores”, añadió.
“En los delitos contra la integridad física no puede haber diferencia de clases, si un menor resulta damnificado el Estado debe garantizar sus derechos sin dilaciones, cuidando su salud física, psíquica y social.Es por ello que desde Florentina objetamos el pliego del fiscal Vottero porque nos acompaña el siguiente interrogante: ¿un fiscal que no garantizó los derechos de una víctima de violencia de género tan vulnerable, siendo ese un caso tan importante para la víctima como para la sociedad, puede estar a cargo de una Fiscalía Regional? Sabemos que la impunidad de los agresores es el elemento adoctrinador más fuerte. Las estadísticas marcan que cuando no hay una sanción real a quienes ejercen violencia de género, los casos se multiplican y se profundiza el morbo con el que se ejecutan. Queremos ser claras: la impunidad nos pone en riesgo a todas, más aún cuando viene de mano del Estado que nos debe proteger”, cierra la nota.
