Un hombre de 46 años identificado como Oliden Antonio Quiroz fue condenado a tres años de prisión condicional por haber intentado extorsionar a los propietarios de un minimercado de Rafaela. La pena también se le impuso por haber sustraído un rifle de aire comprimido, una escopeta y herramientas de un galpón de Bella Italia.
La sentencia fue ordenada por la jueza Cristina Fortunato en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de rafaelinos. Por su parte, el MPA estuvo representado por el fiscal Martín Castellano.
Quiroz reconoció su responsabilidad penal y tuvo que hacer una reparación económica de 60.000 pesos para una de las víctimas y pagar una multa de 1.000 pesos al MPA. Además, debió pedir disculpas por su accionar delictivo y tendrá que cumplir reglas de conducta por el tiempo que dure la condena.
Video
El intento de extorsión fue cometido el sábado 2 de febrero de 2019 en un minimercado ubicado en la esquina del boulevard Lehmann y la calle Gabriel Maggi. Castellano afirmó que “Quiroz les pidió 20.000 pesos a los dueños del negocio a cambio de borrar un video que él había publicado en su cuenta de la red social Facebook”. En tal sentido, el fiscal aclaró que “las imágenes difundidas atentaban contra la reputación del local comercial”.
Tapial
El funcionario del MPA expuso que el hurto fue en septiembre de 2019. “Junto con otra persona que aún no logró ser identificada, el condenado escaló un tapial de dos metros de altura e ingresó a un galpón de Bella Italia del que se llevó armas y herramientas”, relató.
“Semanas después, agentes policiales realizaron un allanamiento en una casa en la que vivía Quiroz y advirtieron que tenía en su poder el rifle y la escopeta sustraídos”, indicó Castellano. Según agregó, “el hombre no tenía autorización para poseer armas de fuego”.
Calificación penal
Quiroz fue condenado como autor de una tentativa de extorsión, de hurto calificado (por escalamiento), y de tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Su Defensa manifestó su conformidad con la calificación penal de los ilícitos, la pena impuesta y el procedimiento escogido para llevar adelante el juicio.
