El pasado 1 de octubre, los presidentes y vicepresidentes de todos los barrios de Rafaela fueron invitados a una reunión con el Fiscal Regional Carlos María Vottero, al igual que con el resto del personal del MPA. Tras ese encuentro, se intensificaron las diferencias entre el Ejecutivo y la Fiscalía.
Tras ese encuentro y, seguramente, habiendo esperado un tiempo sugestivo para que las aguas se aquieten, emitieron un comunicado en el cual evitaron tomar postura por alguno de los dos bandos: “escapa a nuestra función evaluar las conductas técnicas tanto de empleados municipales como de miembros del MPA”, afirman.
“Agradecemos al MPA el generoso tiempo que nos han dispensado y las resoluciones que nos explicaran sobre los criterios a aplicar en los casos de delitos que, aún siendo menores en la consideración del Código Penal, por sus características de reiterancia en los delincuentes y cotidiana repetición en todos y cada uno de los barrios de la ciudad se han convertido en una enorme preocupación para la población. No se pasa de la nada a delitos calificados, se comienza por delitos comunes o pequeños, y el incremento y el descontrol tarde o temprano terminan con hechos graves, algunos de los cuales ya han aparecido. Esperamos que tiempo y perseverancia cambien la realidad”, destacan.
