Un expediente presentado en noviembre por el Subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, en el que solicita permiso para abrir un comercio de “ENSAMBLE DE EQUPOS ELÉCTRICOS Y VENTA DE ARTÍCULOS DE ILUMINACIÓN”, ha generado dudas debido al conflicto de intereses que podría haber con los concursos de precios de luces led que está realizando la misma Municipalidad.
El bloque de concejales integrado por María Paz Caruso, Juan Senn, Martín Racca y Valeria Soltermam presentó al intendente Leonardo Viotti un pedido de informes directamente vinculado con la transparencia de la gestión municipal.
La solicitud surge a partir del expediente N° 00001-323325-1, iniciado en noviembre por el Subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Juan Pablo Aversa, en el que solicita a la misma municipalidad en la que es funcionario, que se le habilite la apertura de un comercio de ensamble de equipos eléctricos y venta de artículos de iluminación.
La duda recae concretamente sobre el estrecho vínculo que podría haber entre el rubro del comercio y el proceso de multimillonarias compras sin licitación y sin límite presupuestario que encara el municipio, en el marco de un ambicioso plan de recambio de luminarias impulsado desde la Intendencia.
Según los fundamentos presentados por los concejales, el expediente en cuestión detalla que el funcionario Aversa solicitó la factibilidad para un comercio que podría involucrarse directamente en la provisión de insumos relacionados con el plan municipal de recambio de luminarias. Ante esta situación, los concejales expresaron la necesidad de esclarecer el posible conflicto de intereses.
En la minuta de comunicación presentada, los ediles solicitaron información precisa acerca de si el funcionario mencionado tiene intención de ser proveedor del municipio, si el intendente Viotti estaba al tanto de la solicitud de factibilidad, si se evalúa que esta situación puede comprometer la transparencia del plan de recambio de luminarias, y si la empresa del funcionario se dedicará exclusivamente a la venta al público o también proveerá a municipios y comunas.
Estos cuestionamientos se ven reforzados por la reciente insistencia del intendente en continuar realizando compras directas, evitando los procesos de licitación, que son más controlables y transparentes. En los primeros meses de 2023, las compras directas se veían justificadas por la inestabilidad económica, pero actualmente, el reordenamiento de la macroeconomía y la normalización de precios ya no hacen necesario que se sigan eludiendo las licitaciones.
En este contexto, la Intendencia anunció que recambiará la totalidad de luces led en la ciudad en los próximos seis años o antes, y que hará una primera compra directa de 700 millones de pesos para la adquisición de los artefactos, casi el mismo tiempo en que Aversa ingresaba el pedido de apertura de su propio negocio vinculado al rubro de la iluminación. Debido a su cargo actual en la Municipalidad de Rafaela, este funcionario toma decisiones con las áreas que hacen uso de esos insumos, ya que depende directamente de la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente que se ocupa del recambio de las luminarias. De allí la duda sobre el conflicto de intereses.
“Desde el bloque consideramos que es fundamental que el Intendente Viotti brinde una respuesta fehaciente y coherente a nuestro pedido de informes. La transparencia, pregonada como un principio fundamental de esta gestión, debe reflejarse en cada acto administrativo”, señalaron los ediles.
El pedido de informes busca garantizar la rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos en la administración pública. “No estamos en contra de que se ilumine toda la ciudad con tecnología led, sino todo lo contrario, apoyamos fuertemente este plan”, aclararon los concejales. “No estamos poniendo palos en la rueda, como suele decir el oficialismo cada vez que le pedimos transparencia, solo queremos que no haya lugar ni para las dudas ni para la concreción de posibles maniobras incompatibles con los deberes de funcionario público”, puntualizaron.
