El Concejo Municipal de Rafaela tratará en la sesión ordinarias de este jueves la ordenanza que crea una regulación para los crematorios en la ciudad. Ante esto, la ONG ambientalista “Amigos de la Vida” envió una nota, pidió que no se avance sobre la cuestión, que vuelva a comisión y que sean recibidos antes de tener una norma. Además, dejaron abierta la posibilidad de que, al igual que ocurriera con la normativa sobre fitosanitarios, terminen presentándose ante la Justicia.
En la nota, firmada por Pablo Williner y Jorge Quevedo, presidente y secretario de prensa y relaciones públicas de Amigos de la Vida, respectivamente, se le solicita “una reunión con carácter urgente, canalizada en la Comisión de Medioambiente y/o Gobierno, con el propósito de tratar el tema modificación de la ordenanza que regula el funcionamiento de los crematorios en la ciudad de Rafaela”.
“Se motiva la petición en razón de que somos parte directamente interesada en el tema y a la fecha no hemos tenido ningún encuentro con Ustedes, los concejales, siendo que este Concejo recibió en varias oportunidades a los titulares de la firma responsable del Crematorio. No obstante, habernos manifestado en este sentido, verbalmente, incluso aclarado y solicitado que esta problemática se trate en una reunión conjunta con todos los actores interesados”, relatan. Vale recordar que, a partir de la intervención de Amigos de la Vida, el Crematorio tuvo una clausura preventiva por parte del Juzgado de Faltas.
“Como institución tenemos elementos que seguramente son de importancia para su conocimiento, derivados del profesor Dr. Biólogo Raúl Montenegro de la Facultad de Psicología y Facultad de Biología de la Universidad Nacional de Córdoba, Presidente FUNAM y Premio Nobel alternativo, y una extensa currícula, siendo aplicable a las previsiones que ustedes deben tener en cuenta en este tema con respecto a la potencial contaminación de esa actividad, que recomienda según ese estudio de campo, que cualquier crematorio debe estar a no menos de 5.000 metros del ejido urbano y/o núcleos habitacionales y/o actividades preexistentes”, mencionan.
“Cabe agregar que a raíz del probable tratamiento de la modificación de la ordenanza en la próxima sesión ordinaria del Concejo, esta institución se reserva el derecho de la iniciación de las acciones judiciales pertinentes de todo carácter, inclusive la correspondiente a la Ley Provincial 10.000 sobre intereses difusos, orientada en este caso a los posibles daños medioambientales y/o de salud que el funcionamiento de esta actividad pueda generar”, concluyen.
