La economía atraviesa un momento complejo, en el cual los niveles de actividad de la mayoría de los sectores no logra recomponerse: el consumo masivo tuvo el peor año en dos décadas, las ventas minoristas pymes acumularon una caída del 10% en 2024 y la actividad manufacturera de las pymes cerró el año con una caída acumulada del 9,8% respecto al 2023. El bajo nivel de actividad se ve reflejado en otro dato clave: el consumo de energía del entramado productivo se derrumbó, en promedio, un 13,6% en lo que va de enero, respecto a diciembre, cuando se comparan los picos de consumo. A su vez, las políticas aperturistas que impulsa el Gobierno nacional en un marco de muy baja competitividad del país y las devaluaciones regionales condicionan el panorama y representan un inconveniente adicional.
Sin lugar a dudas, este escenario representa un desafío de mucha dificultad para un gran número de micro, pequeñas y medianas empresas, a las cuales se les complicará sostener los esfuerzos extraordinarios que vienen haciendo para preservar los puestos de trabajo. En este contexto, muchas firmas advierten que, de no generarse medidas concretas, los efectos sobre el tejido productivo serán aún más severos. Es así que resulta fundamental acordar medidas que fortalezcan la competitividad, alivien las cargas tributarias que enfrentan las empresas, promuevan la inversión y estimulen el consumo, evitando que el deterioro actual se convierta en una crisis aún más profunda.
Hay plena coincidencia respecto a la importancia de contar con una macroeconomía ordenada, como base para devolverle competitividad a las empresas. Sin embargo, aunque la estabilidad macroeconómica es un primer paso necesario, no es suficiente, y por ello es necesario avanzar con políticas micro que ayuden a generar un verdadero entorno competitivo. Como cuestión prioritaria, creemos que se torna imprescindible bajar el gasto público y reducir rápidamente la presión tributaria: el sector privado se encuentra afectado por una estructura impositiva compleja y fuertemente distorsiva. Un claro ejemplo de esto es el Impuesto a los Ingresos Brutos, el cual reúne las tres peores características que puede tener un tributo: es regresivo (pues el último eslabón de la cadena soporta el impuesto sin considerar su capacidad contributiva), acumulativo (ya que afecta a toda la cadena de producción y servicios por el efecto de su traslado) e indirecto (quien lo liquida no es quien lo paga, sino que lo traslada al precio y lo termina soportando el consumidor final). Al mismo tiempo, genera una preocupación adicional: su aplicación extraterritorial hace que muchas empresas paguen en jurisdicciones donde no tienen establecimientos, lo que deriva en la acumulación de saldos a favor muy difíciles de recuperar.
Asimismo, para una secuencia de adaptación global inteligente, también se deben evaluar políticas específicas que contribuyan a reducir el costo laboral no salarial, potenciar el financiamiento al sector privado y reducir los costos logísticos, entre muchos otros aspectos que seguramente exigirán un abordaje más amplio y no exento de discusiones que habrá que sortear.
