La Sociedad Rural de Rafaela manifestó públicamente el rechazo al proyecto del bloque de concejal del PJ (Brenda VImo, Juan Senn y Jorge Muriel) apoyando el proyecto del diputado Leandro Busatto.
El presidente del bloque del oficialismo en la Cámara Baja propone reducir al 50% el Impuesto Inmobiliaria a chacras mixtas y los agricultores familiares, al tiempo que quiere que los propietarios de las grandes extensiones rurales paguen más. "No es justo que pague la misma alícuota alguien que tiene 300 hectáreas que alguien que tiene 10.000. Mucho menos en una provincia en la que el 60% de las tierras están en manos del 0,06% de la población”, expresó oportunamente el legislador.
En el documento presentado por la SRR ante el Concejo Municipal recuerdan que la venta de terrenos rurales, como parte del proceso de colonización del Departamento Castellanos, implicó que los predios no sean grandes. "Las denominadas 'grandes estancias' o 'grandes extensiones de campo' no son una realidad de esta zona, porque el origen mismo de las diferentes explotaciones agrícola-lechera-ganadera fueron concesiones a inmigrantes deseosos de trabajar la tierra, no familias de terratenientes que quisieran expandir sus dominios", indican.
Agregan que "los Censos Nacionales Agropecuarios de 2002 y de 2018 se registró una pérdida de 84.000 productores (abandonaron la actividad), esto representa el 25% de la capacidad de productiva del sector a nivel nacional. Aquí se pone en evidencia que los programas implementados tanto desde los gobiernos nacionales como provinciales para defender al pequeño productor no sólo no colaboraron sino que terminaron en rotundo fracaso".
Destacan que en otros lugares de Sudamérica, se bajan los impuestos a los pequeños productores: "es interesante comparar lo que ocurre (...) en Argentina frente a lo que sucede en Bolivia, Brasil y Uruguay, porque allí, bajo gobiernos progresistas no se registró en estos años una disminución de pequeños productores. En estos países no existen retenciones ni se le quitan recursos además bajo la forma de impuestos nacionales, provinciales y municipales". En tal sentido manifiestan que "Para un productor pequeño, el impuesto inmobiliario es solo el 2% de su costo. Disminuirlo en un 50% parece mucho, pero solo le bajará un 1% el costo y eso seguirá condenándolo a un proceso de deterioro que culmina en su desaparición".
En nuestro país, se parte de una hipótesis que dice que en el campo hay superutilidades. Pero en la realidad de los datos técnicos oficiales se demuestra que este concepto es erróneo.", señalan y agregan "El concepto del impuesto a la tierra libre de mejoras, citado en el proyecto para justificar el aumento, se basa en reconocer que para tener rentabilidad en el campo se necesita invertir trabajo, recursos y tecnología, y castiga al que no invierte. Por tanto es un reconocimiento a que la renta agraria no es una renta natural".
Finalmente, "Las retenciones están “matando” al pequeño productor y las “migajas” de una baja de impuesto inmobiliario resulta un vil engaño".
