Dos dirigentes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) fueron detenidos por un bloqueo a la empresa Expreso del Oeste. Al momento de la detención, la Policía encontró un arsenal (siete fusiles y una pistola 9 milímetros) en la casa de uno de ellos, de nombre Elías Martin Cabrera, a cargo de la delegación Oeste.
Otros cinco sindicalistas ya habían sido detenidos por la causa, iniciada el año pasado cuando el empresario Esteban Falcigno denunció en la sede judicial que “un grupo de sindicalistas ingresó a la empresa de transportes, lo golpearon, amenazaron y bloquearon el ingreso”. Además, los acusados también se llevaron el disco rígido con las cámaras de seguridad internas.
Al momento de las primeras detenciones, el pasado 11 de mayo, secuestraron en la sede de la UTA de La Matanza una escopeta 12/70 con postas de goma que no contaba con documentación, por lo que también se abrió una investigación por tenencia ilegal de arma de fuego. En esa oportunidad, fueron detenidos un delegado y cuatro activistas de UTA. Algunos ocupaban cargos jerárquicos en la Seccional Zona Oeste del gremio.
Las detenciones fueron resueltas por el juez de Garantías de La Matanza, Agustín Gossn, luego de dar lugar a un pedido de la fiscal Analía Córdoba, quien investigó el hecho junto con la secretaria Andrea Seminara y con la colaboración del comisario Flavio Marino, director del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense.
Luego del primer procedimiento, circuló un video en donde se ve el accionar de los implicados: un grupo de hombres que ingresa por la fuerza a una oficina de la empresa mientras un empleado intenta frenarlos. El joven cae al piso y los hombres lo increpan.
La causa por la que fueron detenidos
Los siete sindicalistas de la UTA están imputados por amenazar al dueño y a los trabajadores de la empresa de colectivos Expreso del Oeste, el 25 de febrero y el 27 de agosto de 2021. En esa ocasión, se dieron dos violentos bloqueos que se desarrollaron durante varias horas a partir del accionar de personas en su mayoría ajenas a la empresa, con la excepción de un delegado sindical.
En los últimos meses la fiscalía trabajó con cámaras de seguridad de comercios de la zona y de la propia empresa para reconstruir los hechos.
Mediante las patentes de los vehículos que participaron de los ataques y el análisis de los teléfonos se pudo dar con los autores del hecho.
Finalmente, la fiscalía solicitó el allanamiento de los domicilios y la detención por los delitos de perturbación de transporte por tierra, asociación ilícita, extorsión y amenazas coactivas.
