Por primera vez después de varios intentos frustrados, la Cámara de Diputados avanzó con un proyecto de ley consensuado para resolver el drama de unas 100.000 familias que tomaron créditos hipotecarios UVA y se enfrentan a serias dificultades para afrontar el pago de las cuotas debido al nivel de inflación.
En un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, presididas por los oficialistas Carlos Heller y Alicia Aparicio, se arribó a un dictamen de consenso en base a 11 proyectos, que contó con medio centenar de firmas del Frente de Todos, la UCR y el Frente de la Concordia misionero, aliado al oficialismo.
El texto final fue fruto de una negociación entre Heller y el radical Julio Cobos, principal impulsor del debate. Por el oficialismo de Mendoza (provincia que pica en punta con fallos judiciales) también acompañaron el dictamen de mayoría Omar De Marchi y Lisandro Nieri, mientras que Pamela Verasay se abstuvo porque tiene un crédito UVA.
Por su parte, el PRO y Evolución Radical tomaron distancia y firmaron un dictamen de minoría, encabezado por el economista Martín Tetaz, alineado al senador Martín Lousteau.
Durante el debate, Cobos explicó que “la equidad del contrato se rompió producto de que no estuvo ajustado el salario a la inflación y eso motivó que la gente recurriera a la Justicia”, y agregó: “Siempre dijimos que si el Poder Ejecutivo o el Legislativo no encontraban una solución, la iba a encontrar la Justicia”.
El dictamen, que ahora pasó al recinto, crea un “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario” para financiar los descalces entre inflación y salarios, es decir, la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y lo que debería percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito.
Ese Fondo será financiado por un aporte mensual de los bancos, con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y en moneda extranjera. Según cálculos del oficialismo, a valores de hoy, son 719 millones de pesos por mes que deberían aportar las entidades financieras. Además, el Banco Central podrá integrar el Fondo con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos.
Las cuotas adeudadas se calcularán mediante el índice RIPTE (salario formal de la economía). El importe no podrá superar el 30% de los ingresos de los deudores, aunque aquellas familias que estén en condiciones de superar ese porcentaje, podrán hacerlo. Además, no se podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado.
El cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de este año. Cobos proponía tomar como fecha de corte a partir del primer congelamiento de las cuotas, que fue en agosto de 2019, porque “así coinciden los fallos judiciales”. El mendocino insistirá en modificar ese punto de cara a la votación en el recinto.
Según el mecanismo establecido, si la diferencia entre la cuota calculada en base a salarios resulta menor que la calculada por UVA, el deudor paga ajuste por salarios y la diferencia es compensada a los bancos por el Fondo Fiduciario. A la inversa, si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA, prevalece la más baja.
“Se toma el menor de los índices. Es decir que si evoluciona más el salario que la inflación, se toma la inflación, y si la inflación evoluciona más que el salario, se toma el salario”, especificó Cobos.
Este esquema fue muy criticado por el diputado Tetaz. “Estamos creando un seguro que dice ‘si chocás el auto te cubrimos, pero si no chocás el auto no pagás’. Y eso no es un seguro, es una transferencia de recursos hacia un sector de la economía que implica una licuación del crédito”, advirtió, y sentenció: “El aporte que estamos poniendo a los bancos es un nuevo impuesto encubierto”.
Tetaz planteó que “las 100.000 personas que podrían subirse a este proyecto no van a aportar al Fondo en los meses en que su salario sea más alto que la inflación (que es como debería funcionar un fondo de compensación). Si la inflación supera el salario, se debería pagar por el salario y el Fondo la diferencia, pero cuando eso se da vuelta hay que devolverle al Fondo, porque sino el fondo se vacía siempre, nunca se reconstruye”.
El proyecto que recibió dictamen también establece que si el deudor se encuentra desocupado, el Fondo se hará cargo de hasta las tres primeras cuotas acaecidas en mora. Además, aquellos que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos (hoy es un monto fijo de 20.000 pesos que quedó desactualizado). Y se suspenden los juicios de desalojo y embargos por un año.
Otro punto importante, cuestionado por el Frente de Izquierda, es que se obliga a las familias que accedan a la ley a que desistan de cualquier acción judicial en trámite. “Esto es grave, porque ha habido algunos fallos judiciales favorables a los hipotecados, y ahora se acepta esta extorsión”, se quejó Nicolás del Caño.
El diputado del PTS alertó que “los planteos de las familias no están contemplados en este dictamen” y agregó: “Si hoy estamos debatiendo esto es por la lucha de las familias que han sido estafadas. Es impresionante cómo han ganado los bancos, y gran parte de lo que ganan lo destinan a especulación con las Leliqs”.
