Sergio Massa consiguió superar a Martín Guzmán y Silvina Batakis. El superministro de Economía logró que la inflación mensual en la Argentina sea más alta que la de sus antecesores. El récord es aún más notorio porque lo obtuvo aplicando el ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de Cristina Kirchner, todos los gobernadores del Partido Justicialista, la Confederación General del Trabajo y las organizaciones sociales de desempleados, cuyos dirigentes son funcionarios del Gobierno.
Massa no solo continúa en el cargo, sino que tampoco declina una eventual candidatura a la presidencia. En rigor, ninguno de los tres referentes de la coalición de gobierno, ha renunciado hasta el momento a la carrera electoral. Cristina Kirchner dijo que no se presentaría para ningún cargo, pero alienta a los suyos a que le pidan lo contrario. Alberto Fernández aduce contar con el apoyo del presidente imaginario Juan Domingo Biden para lanzarse a la reelección.
En dos meses más se esfumarán esos pases de ilusionismo. En la noche del sábado 24 de junio vencerá el plazo legal para que los partidos y alianzas presenten sus candidatos para las primarias obligatorias. Al Gobierno le quedan dos índices mensuales más para saber con qué cifra de indignación por los precios arranca la carrera electoral. La influencia política del calendario electoral provincial escalonado esta vez será prácticamente nula: desde el segundo semestre del año pasado, la gran mayoría de los gobernadores abandonaron a su suerte a la gestión nacional.
El único de los actores relevantes del derrumbe macroeconómico que mostró alguna preocupación genuina por el desbande inflacionario fue el FMI. Para el Gobierno, los casi ocho puntos de inflación mensual de marzo fueron consecuencia de la guerra, la sequía y el equinoccio de otoño. A la número dos del FMI, Gita Gopinath, se lo preguntaron desde España. Admitió que la sequía fue un gran shock para el programa económico, compensado con la distensión de los objetivos de reservas en dólares. Pero señaló que también hubo reveses en las políticas fiscales.
El Fondo Monetario busca eludir la principal impugnación cristinista: el carácter inflacionario del acuerdo firmado con Argentina. Por eso le reclama a Massa una política fiscal y cambiaria más consistente. En lo relativo al gasto, pide que los subsidios dejen de distribuirse de modo regresivo. Gopinath no apunta tanto a las transferencias de efectivo dirigidas a amortiguar la pobreza, sino a los subsidios de base amplia como los que se aplican de manera indiscriminada sobre las tarifas de energía. En lo que atañe a la brecha cambiaria, basta con observar la inconsistencia de Massa al reconocerle a la exportación un dólar de 300 pesos y negociarlo con la importación a poco más de 200. El ministro todavía no admite la contabilidad elemental del fraile Pacioli.
Cristina Kirchner podría aducir que ambas sugerencias del Fondo son inflacionarias: el ajuste tarifario y la devaluación. Lo son en el corto plazo, incompatible con la urgencia electoral. Hubiesen sido menos dañinos desde la perspectiva política si se hubiesen aplicado lejos de las elecciones, cuando Cristina los rechazaba por simple porfía ideológica.
En ese grave error estratégico está el origen de su actual declinación como anunciadora política. Un opinador como Juan Grabois, insospechado de neoliberalismo, acaba de hacer una descripción descarnada de la devaluación política de Cristina: a su última gran narrativa, la de la proscripción, no se la creyó nadie.
La vicepresidenta puso a todos los funcionarios, legisladores y gobernadores a trabajar en ese relato, que incluía una avanzada de degradación institucional inédita: abrir en el Congreso Nacional una letrina adonde tirar la honra de la Corte Suprema de Justicia. Nadie creyó en la narrativa de la proscripción y en el Parlamento quedaron hablando solos los operarios de la letrina. Con un daño colateral, señalado por Grabois: mientras el oficialismo se enroscaba con el discurso de la proscripción, obliteraba con esa lógica la instalación de cualquier candidato propio. Un laberinto ciego que obligó a Cristina a insinuar ahora que no está pensando en cuidar nietos.
En esa desgracia, la única ayuda que tuvo el oficialismo provino de un incendio grave en la oposición. Juntos por el Cambio chocó de frente con una contradicción que vino incubando desde su salida del poder en 2019. Sus dirigentes sostienen que el país enfrenta una crisis sin precedentes, que no podrá superarse sin un esfuerzo profundo y mancomunado del conjunto de la sociedad argentina. Mientras tanto, están demostrando que ni siquiera la magnitud de la crisis es suficiente para que hagan el esfuerzo inicial de ponerse de acuerdo entre ellos.
Hay además una novedad sistémica que les complica el tablero. Con el repliegue de Mauricio Macri y la todavía incierta jubilación de Cristina, la polarización de coaliciones se está reconfigurando de manera acelerada y traumática.
La prueba del alto grado de incertidumbre que tiene ese proceso es el nuevo escenario de tercios en el que comienzan a imaginar su desafío político las dos principales coaliciones. El crecimiento de Javier Milei provocó una disidencia novedosa: Macri pronosticó que al balotaje pasarán el candidato de Juntos por el Cambio y Milei; Miguel Pichetto todavía piensa que la segunda vuelta resolverá el pleito de las dos principales coaliciones actuales.
Los dolores de parto en las alianzas más estables desde 2015 tienen un marco de fondo: la aceleración inflacionaria, la consolidación estructural de casi un 40% de la sociedad bajo la línea de pobreza y ese estallido social en cuotas en el que se ha convertido el drama de la inseguridad ciudadana en Argentina.
