Las audiencias de conciliación que promovió la Corte entre los representantes de Alberto Fernández y los de Horacio Rodríguez Larreta dejaron en claro que el arrebato de fondos al gobierno porteño, dispuesto por el Ejecutivo nacional para rescatar a Axel Kicillof de un motín policial en plena pandemia, carecía de fundamentos legales para sostenerse en el tiempo.
Desde el principio, la representación del Estado federal le fue encomendada al ministro Eduardo de Pedro y éste la delegó en una funcionaria de segunda línea que tiempo después se haría famosa por un interregno tan breve como caótico al mando del ministerio de Economía: Silvina Batakis.
De buena relación con la liga de gobernadores, Batakis encuadró de entrada de una manera errónea la defensa técnica del Estado federal. Desde el kirchnerismo se sostuvo siempre, como factor de presión política sobre los jueces, que el conflicto era entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y todas las jurisdicciones provinciales. Que la devolución de fondos que reclamaba Rodríguez Larreta implicaría una detracción de recursos en todas las provincias argentinas. Una disputa por la coparticipación secundaria.
A instancias del ministro del Interior, que es también el máximo representante de Cristina Kirchner en el gabinete, la Casa Rosada pretendió instalar el conflicto en la línea de oposición entre unitarios y federales, con una torsión irrisoria de esos conceptos constitutivos como ningún otro del debate fundacional de la Nación Argentina.
Como se vio en el fallo, para la Corte nunca estuvo en duda la coparticipación secundaria, la distribución de fondos entre las provincias, sino la primaria: el Estado nacional le quitó fondos ilegalmente a un distrito para asignárselos a otro, para no poner plata de su bolsillo. Por lo tanto, el Estado nacional debe cesar en esa conducta, devolver lo secuestrado, y hurgar en su propia billetera para continuar girando lo que le giró a Kicillof. Con criterio prudente, para no desestabilizar el escenario fiscal, el fallo ofreció como salida un promedio salomónico para la evolución de esos números.
Esquirlas
Pero la caja en disputa es tan relevante para la gestión de los actores en juego, que disparó una fisión nuclear en el Gobierno nacional, una reacción unificada en el espacio opositor, y se proyecta con un impacto institucional impredecible.
Cristina Kirchner mandó una instrucción de profundo y grave contenido autoritario: desconocer el fallo de la Corte. Activó la rebelión desde la periferia de Alberto Fernández: Kicillof, la liga de gobernadores, las organizaciones paraestatales que gerencian los planes sociales. La vicepresidenta interpreta que la sentencia de los jueces es un disparo al corazón de la caja bonaerense con la que prevé financiar en el año electoral su resistencia política.
En el litigio por la coparticipación porteña, la vicepresidenta ordenó replicar la misma estrategia judicial que le viene fallando a ella misma con las causas que tiene en su contra: despreciar la defensa técnica, subestimar las instancias de conciliación, sobregirar el discurso político y, a la hora de la derrota construida, impugnar la legitimidad de los jueces.
Alberto Fernández parece comprender de a ratos la irracionalidad de ese camino de autodestrucción, pero la historia de su presidencia terminará siendo la de una impotencia absoluta para resolver ese desafío. Cristina Kirchner no sólo está empujando al presidente de la Nación a un gravísimo desacato institucional: está tejiéndole con paciencia una telaraña prolija de consecuencias penales para el día después de que entregue el mandato. Una foto anticipada del primer último día de Alberto Fernández. Para que sepa de qué se trata eso de fatigar como imputado los pasillos de tribunales.
Sergio Massa balconea en el conflicto. El fallo de la Corte tiene resultado fiscal neutro sólo si resiste a la presión de emitir para cubrir el bache bonaerense que generó Kicillof. Massa tiene un ojo puesto en la restricción del acuerdo con el FMI y otro en el mapa de desgracias ajenas de eventuales competidores de una candidatura suya: De Pedro, Kicillof, Alberto Fernández, Cristina.
A Massa le hubiese convenido una salida acordada del conflicto con Larreta. Para gestionar una economía en crisis necesita tener un gobierno, no un grupo de facciosos exaltados contra la Constitución nacional.
Polarización
El desacato judicial del oficialismo unificó a una oposición que venía mostrando fisuras apenas disimuladas por los días dramáticos y felices de suspensión de la incredulidad que inyectó el Mundial de fútbol. La mesa directiva de Juntos por el Cambio salió a rechazar de plano el alzamiento contra la Justicia del Gobierno nacional. Si el retiro declamado por Cristina Kirchner había generado expresiones apresuradas sobre el fin de la polarización, la reaparición de su impronta autoritaria volvió a juntar las cabezas distraídas.
Una intriga sacudió al espacio opositor: ¿querrá Cristina Kirchner que termine en tiempo y forma el gobierno que propició y ahora desprecia? ¿O pretende que su anunciado retiro al llano arrastre también de manera caótica a todo el sistema institucional?
“Después de mí, el diluvio”. ¿Estará pensando así, como Luis XV, el déspota francés?
